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Desde el 2018, el Estado ha otorgado 325,288 residencias
Califican el proceso para los solicitantes de costoso y largo
Este tema, en su complejidad, se mantiene como una espada de Damocles porque, si bien estas políticas buscan tener a raya dicha problemática, también afectan a otras comunidades de extranjeros que residen en el país
Un ejemplo reciente de esta realidad ocurrió el pasado 21 de abril, cuando se comenzó a aplicar un protocolo migratorio en hospitales públicos, con el objetivo de identificar extranjeros indocumentados con fines de repatriarlos.
Aunque esta medida fue especialmente diseñada para reducir la carga económica y sanitaria que representan las parturientas haitianas, impactó a personas de otras nacionalidades. En el primer día de su implementación, fueron detenidas en la Maternidad de La Altagracia una italiana y una boliviana.
Complejidad
Esta situación no se limita a protocolos específicos; los procesos de regularización de extranjeros son complejos y requieren mucha paciencia. Tal es el caso de Marco (nombre ficticio), un italiano que llegó al país para trabajar en una cadena hotelera de la región este y se enamoró de la cultura dominicana.
El año pasado, Marco logró obtener la ciudadanía dominicana tras casi una década de intentarlo y después de haber residido en el país por alrededor de 36 años. Durante este tortuoso proceso, fue estafado dos veces y gastó miles de euros para cumplir con la extensa lista de requisitos exigidos.
Marco comentó con asombro que tuvo que presentar un acta notarial de dos vecinos que certificaran su lugar de residencia. A esto se sumaron los costos de representación legal que, según su experiencia, oscilaron entre 1,000 y 1,500 euros, y los gastos de documentación, que superaron los 15,000 pesos.
Residencias en los últimos siete años
De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Migración, en los últimos siete años se han concedido 11,125 residencias a italianos, de las cuales 8,072 son temporales, 2,670 son permanentes y 383, definitivas.
En este lapso, el Estado ha beneficiado con residencias dominicanas a 325,288 extranjeros. De esta cantidad, a haitianos se les han otorgado 1,736 definitivas, 8,818 permanentes y 110,160 temporales, siendo la nacionalidad con más beneficiarios. Le siguen Venezuela (41,228), China (20,158), Estados Unidos (19,786) y España (16,157).
Leyes y dificultades
Los procesos de regularización en la República Dominicana son complejos, prolongados y costosos. Por ejemplo, los requisitos para solicitar la residencia permanente (RP-1), por un año, incluyen un pasaporte con vigencia mínima de seis meses, un carné de Residencia Temporal, original y vigente, y una cédula de identidad personal.
Además, Certificación de No Antecedentes Penales, documentos que avalen solvencia económica propia, una póliza de garantía y exámenes médicos.
A esos requisitos se agrega el costo de la solicitud, que es de 16,800 pesos, más 6,300 pesos por los exámenes médicos de quienes tengan más de 10 años y de 4,200 pesos a los menores de esa edad.
Según el abogado migratorio José Aramis, algunas de las exigencias pueden violar derechos fundamentales.
Señaló que, en el caso de la ciudadanía, a los solicitantes se les exige ser propietarios de una vivienda sin hipoteca, poseer vehículos que no estén financiados y cuentas bancarias con un atractivo saldo.
Una persona que se casa con un dominicano o dominicana tendría que presentar estos bienes.
«Si es por matrimonio, considero que no deberían pedir todos esos requisitos. Esta vía está afectando a muchos clientes que tengo», añadió.
La abogada y exdirectora de Extranjería de la Dirección General de Migración, Laurin González, expresó que la Ley 285-04 (General de Migración) y su reglamento 631-11 requieren actualizaciones puntuales en sus procedimientos para viabilizar y optimizar su aplicación operativa.
«Aplicar de forma generalizada el criterio de presunción de irregularidad a todos los extranjeros, sin distinción, puede conllevar varios riesgos y vulneraciones de derechos, especialmente para aquellos que no son haitianos, pero se ven afectados por operativos y medidas diseñadas en ese contexto.
Algunos de los principales riesgos son: discriminación y perfilamiento étnico o racial, ausencia de acceso a defensa legal, entre otros», dijo.
Un ejemplo que señala González es el de extranjeros originarios de países africanos (Nigeria y Camerún, entre otros), que podrían ser confundidos en operativos migratorios con haitianos debido a similitudes físicas.
A pesar de ello, González es enfática al valorar que, según el protocolo vigente, todo extranjero debe portar su documentación y acreditar su estatus migratorio. De lo contrario, conforme a la Ley 285-04 y el reglamento 631-11, está sujeto a medidas de deportación.
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