La subsistencia de los partidos y movimientos pequeños comienza en las urnas, muchas veces con votaciones mínimas, pero se prolonga mediante alianzas electorales, interpretaciones administrativas y decisiones de los tribunales.

El presupuesto de 2026 destina 1,620 millones de pesos al financiamiento de todas las organizaciones políticas reconocidas.

El artículo 75 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece distintas causas para la pérdida de la personería jurídica. Entre ellas figura no alcanzar el umbral de votación previsto por la legislación.

La ley también contemplaba la ausencia de representación congresual o municipal como causa para extinguir el reconocimiento legal.

El cambio introducido por el TC

Ese esquema de la ley sufrió una modificación importante a partir de una decisión del Tribunal Constitucional en 2021. La alta corte consideró «irrazonable» que perdiera automáticamente su personería una organización que, pese a quedar por debajo del porcentaje requerido de votos válidos, hubiese conseguido representación directa en un ayuntamiento o en el Congreso Nacional.

Esa decisión del TC protegió, por tanto, la representación obtenida por una organización minoritaria. Sin embargo, no estableció expresamente la representación que se logre cuando el partido pequeño llegue al poder aliado con un partido grande.

Tras el dictamen de la alta corte, fue la Junta Central Electoral (JCE) la que posteriormente adoptó una interpretación más amplia.

Al examinar en 2023 la situación jurídica del Partido Demócrata Institucional (PDI), la JCE entendió que cuando varios partidos concurren integrados en una alianza y de esa unión resulta electo un candidato, esa representación puede beneficiar a todas las organizaciones integrantes del pacto.

La consecuencia significa que para un micropartido, una alianza con una organización mayoritaria puede convertirse no solamente en una estrategia electoral, sino también en un mecanismo para preservar su reconocimiento jurídico y acceder a financiamiento público.

RD$129.6 millones entre 33 organizaciones

Para este 2026, la JCE presupuestó 1,620 millones para financiar los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

El reparto quedó estructurado en tres segmentos

En este último grupo, las diferencias de en cantidad de votos no modifican el monto que reciben.

Así, el Movimiento Político Águila, que obtuvo 731 votos, recibe la misma asignación de casi cuatro millones de pesos que el Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo, que figura con cero votos.

También reciben una suma similar el Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP), el Movimiento Comunitario Político Nosotros Pa´ Cuando, el Movimiento Humanista Independiente y el Movimiento Cívico Cabrereño.

Personería y financiamiento, dos asuntos diferentes

La controversia volvió este año al Tribunal Constitucional. En una sentencia del 11 de agosto de 2026, el TC rechazó el recurso interpuesto por Justicia Social (PJS), PUN y Opción Democrática (OD) contra una decisión del TSE.

La decisión obliga a distinguir dos cuestiones que suelen confundirse: una es conservar la personería jurídica y otra es determinar cuánto dinero público corresponde a una organización que mantiene ese reconocimiento.

El criterio recogido en la sentencia vincula el acceso al financiamiento con la condición de organización política reconocida.

Por eso, el verdadero centro de la disputa sobre los 33 partidos pequeños no está únicamente en los votos que obtuvieron, sino en una cuestión previa para determinar si legalmente conservan o no su personería jurídica.

Mientras esa condición permanezca vigente, siguen siendo organizaciones reconocidas por la JCE y, por tanto, reciben dinero del Estado.

La batalla por las 33 personerías

Precisamente ese es el punto que Proyecto Visión Nación, plataforma encabezada por José Cristopher Ramírez, llevó ante el TSE al solicitar la anulación de la personería jurídica de 33 partidos y movimientos minoritarios.

Los demandantes también intentaron detener provisionalmente el desembolso de los recursos. Argumentaron que, si finalmente los tribunales ordenan la desaparición jurídica de esas organizaciones, el Estado difícilmente podría recuperar el dinero entregado durante el proceso.

La JCE defendió el reparto alegando que estaba aplicando las reglas de financiamiento vigentes y una decisión del TSE que ordenaba financiar a las organizaciones reconocidas.

Incluso, los abogados de la Junta sostuvieron durante la audiencia que la solicitud para suspender los pagos «carecía de objeto» porque el dinero presupuestado para 2026 ya había sido distribuido a los partidos.

El TSE rechazó ese argumento porque la Junta no presentó certificaciones o documentos que demostraran que la totalidad de los recursos había sido efectivamente transferida.

Sin embargo, tampoco aceptó congelar los fondos. Los magistrados entendieron que la petición no satisfacía las condiciones exigidas por el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales para adoptar una medida cautelar.

Una decisión pendiente

El resultado de todas las decisiones judiciales provoca que todas las organizaciones que obtuvieron cientos de votos, y hasta la que figuran con cero, continúan recibiendo recursos públicos porque conservan, hasta ahora, su reconocimiento jurídico.

Las alianzas electorales y las sucesivas decisiones de la JCE, el TSE y el Tribunal Constitucional crearon un esquema en el que la votación obtenida no constituye por sí sola la respuesta definitiva sobre la supervivencia de una organización.

La decisión permitirá despejar la cuestión que está en el fondo de la controversia: cuáles de esos partidos y movimientos conservan legítimamente su personería jurídica.

Ese dictamen del TSE también establecerá su permanencia futura dentro del sistema de financiamiento público.

Hasta entonces, continúa una paradoja en la que un movimiento con apenas cientos de votos puede recibir prácticamente lo mismo que otro que aparece con cero, porque ambos siguen jurídicamente reconocidos.