ominicanas que dan a luz por «los papeles»

En 2007, con cinco meses de embarazo, la dominicana Marisol (nombre ficticio), emprendió un viaje a Estados Unidos con la esperanza de asegurarle un mejor futuro a su hija, aprovechando los beneficios que ofrece la ciudadanía estadounidense.

Cinco meses después de llegar al país, en 2008, Marisol dio a luz. Días más tarde, la niña ya tenía su pasaporte estadounidense, con su foto e información oficial.

Hoy, 17 años después, su hija se prepara para ingresar a la universidad en Estados Unidos, cumpliendo así el sueño de su madre de ofrecerle un porvenir más allá de las fronteras dominicanas.

«Yo no pensé en mi futuro, pensé en el futuro de la niña y en todos los beneficios que puede adquirir como ciudadana americana», dijo Marisol, madre de tres hijas, quien intentó repetir el proceso con su segunda hija, pero se vio obligada a regresar a República Dominicana y dar a luz aquí.

Marisol asegura que nunca solicitó beneficios gubernamentales por tener una hija estadounidense, como vales de comida o exenciones fiscales, para evitar poner en riesgo su visado.

Considera que prácticas como esas han motivado a la administración actual a intentar restringir este derecho y evitar que los inmigrantes se conviertan en una «carga pública«.

«Nunca hice eso», insiste.

A pesar de reconocer que algunos argumentos republicanos puedan tener fundamentos, Marisol rechaza las medidas y dice estar en contra de todo lo que ha puesto en marcha Trump desde su regreso a la presidencia a favor de su lucha contra la inmigración ilegal.

«Yo no estoy de acuerdo con Trump en nada porque yo soy inmigrante y el que no está en (ese) zapato no entiende», dijo y agregó: «Quitarle el derecho a una persona que ha estado en la constitución por años… eso no se justifica».

Actualmente, la mujer vive en Estados Unidos con sus tres hijas, a la espera de regularizar su estatus y el de sus dos hijas pequeñas, mientras la primera se beneficia de la decisión que tomó hace casi dos décadas.

Un fin poco probable

La eliminación de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es poco probable. De concretarse, podría amenazar otras protecciones constitucionales y fomentar un ambiente de exclusión, discriminación y racismo en un país fundado sobre la inmigración, según la abogada dominicana y experta en migración, Marianela de los Santos.

Para la abogada, el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido fundamental para definir a EE. UU. como una nación de inmigrantes y para garantizar derechos desde el nacimiento. Sin embargo, reconoce un aumento de comentarios políticos que utilizan la inmigración como una «herramienta electoral».

«Es poco probable que lo logren sin una enmienda constitucional, lo cual requiere el apoyo de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartos de los estados», explicó. Añadió que, aunque el presidente intente limitarlo mediante una orden ejecutiva o legislación, estas medidas serían impugnadas en tribunales y probablemente declaradas inconstitucionales.

Actualmente, el decreto de Trump ha sido impugnado y suspendido por tribunales federales en Maryland, Massachusetts y Washington, al considerarlo inconstitucional.

El panorama ante una posible eliminación del derecho

De los Santos advirtió que eliminar la ciudadanía por nacimiento generaría un «limbo legal» que afectaría a los hijos de inmigrantes indocumentados y de quienes tienen estatus temporal, con implicaciones severas.

«Millones de niños podrían crecer sin estatus legal, sin acceso a beneficios, educación superior o empleo formal. Se generaría una población apátrida dentro de EE. UU., lo cual contradice los principios internacionales de derechos humanos», alertó.

En términos migratorios, señaló que el sistema se volvería aún más complejo y restrictivo, con un aumento en la burocracia para verificar la nacionalidad de los recién nacidos y el estatus migratorio de sus padres.

• «Esto podría dar pie a discriminación, perfiles raciales y una erosión de las libertades civiles», agregó.

Además, advirtió que muchas familias mixtas —con miembros ciudadanos, residentes o con visado— podrían verse divididas o perseguidas, y aumentarían los casos de personas sin identidad legal ni protección dentro del país.

El decreto en la Corte Suprema

El jueves 15 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos se mostró dispuesta a levantar una orden judicial que bloquea el decreto del expresidente Trump contra la ciudadanía por nacimiento, al tiempo que debatía las consecuencias prácticas de permitir que el Gobierno niegue documentos de ciudadanía a personas nacidas en el país.

Durante la audiencia, varios jueces conservadores expresaron reservas sobre el uso de mandatos judiciales a nivel nacional por parte de tribunales inferiores, aunque también parecían interesados en frenar la implementación inmediata del decreto.

El presidente del tribunal, John Roberts, y otros magistrados indicaron que podrían evaluar rápidamente los méritos del caso, aunque cuestionaron el alcance de las órdenes judiciales actuales.

El juez Brett Kavanaugh propuso como alternativa permitir que los demandantes presenten una demanda colectiva, lo que brindaría cierta protección sin requerir un mandato nacional.

Esta vía impondría mayores exigencias legales a los grupos defensores de los inmigrantes, pero no cerraría la puerta a futuras impugnaciones. Si la Corte anula la orden actual, el Gobierno podría aplicar el decreto, pese a su posible contradicción con la Constitución.