Los accionantes mantienen sus objeciones contra disposiciones relacionadas con la discriminación por orientación sexual, el ejercicio de la medicina, la difamación, la injuria y el ultraje, entre otros aspectos de la nueva legislación penal.

El primero de estos casos enfrentó en la sede del TC a organizaciones de la comunidad LGBTI+ y a un amplio grupo de entidades y personas de orientación conservadora que acudieron como intervinientes para pedir el rechazo del recurso.

La Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo cuestionan el artículo 173 del Código Penal por no incluir de manera explícita la orientación sexual entre las categorías protegidas frente a la discriminación.

Díaz sostuvo que las personas LGBTI+ han sido históricamente discriminadas y que no debería quedar a la interpretación de fiscales y jueces determinar si una conducta constituye discriminación por orientación sexual.

En oposición al recurso, el abogado Juárez Castillo, en representación de organizaciones entre las que se encuentran la Iglesia católica y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), argumentó que el TC no puede incorporar mediante una sentencia una nueva categoría de discriminación al texto constitucional ni crear delitos por vía interpretativa.

También advirtió que una protección penal expresa por orientación sexual podría entrar en conflicto, según su posición, con libertades como la de conciencia, religión y expresión, así como con derechos vinculados a la familia y la educación.

Mientras los abogados exponían sus posiciones ante los jueces, en la Plaza de la Bandera se concentraron integrantes de organizaciones de la población LGBTI+ para respaldar la acción y reclamar que la orientación sexual sea incorporada de manera expresa en el Código Penal.

Los médicos

Otro de los recursos contra el Código Penal fue presentado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), que mantiene sus cuestionamientos pese a que el Congreso modificó algunas de las disposiciones que originalmente había objetado.

El presidente del gremio explicó que de las disposiciones reclamadas inicialmente, algunas fueron modificadas, pero que el CMD considera que persisten problemas, particularmente en los artículos 9 y 12, que no fueron modificados de la manera que esperaba el gremio.

La preocupación central de los médicos es que determinadas reglas de responsabilidad penal no tomen en cuenta las condiciones en que funciona el sistema sanitario dominicano.

El presidente del CMD advirtió que esto puede conducir a una medicina defensiva, en la que los profesionales adopten decisiones condicionadas por el temor a ser procesados penalmente, incluso ante situaciones derivadas de deficiencias del propio sistema.

El gremio sostiene que no busca impunidad para los médicos, sino que la responsabilidad penal tome en cuenta las particularidades del ejercicio de la medicina, especialmente las diferencias entre hospitales con recursos y centros donde existen carencias.

Libertad de expresión

Las otras dos acciones contra el Código Penal llevan ante el TC otro de los conflictos de mayor alcance, referente a la protección del honor y la libertad de expresión.

Fernando Almonte Almonte cuestiona los artículos 192, 208, 209, 210, 310, 311 y 379, mientras que Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino impugnan los artículos 192, 208, 209, 210, 211 y 310.

Los artículos cuestionados incluyen disposiciones sobre difusión de contenidos, difamación, difamación extorsiva e injuria, así como el ultraje en el ámbito jurisdiccional. Las acciones plantean, en distintos términos, hasta dónde puede llegar la respuesta penal frente a expresiones, publicaciones y conductas que puedan afectar el honor de otras personas o la dignidad de funcionarios judiciales.

En uno de los recursos también se cuestiona el artículo 379, relativo al sabotaje, mientras que el artículo 211 establece supuestos en los que determinadas opiniones y críticas vinculadas con la corrupción, las políticas públicas, la función pública y asuntos de interés público no se consideran difamatorias o injuriosas bajo determinadas condiciones.

Las reformas aprobadas por el Congreso modificaron varias de estas disposiciones, entre ellas algunas de las que habían sido impugnadas. Sin embargo, los accionantes no desistieron de sus recursos y mantienen sus planteamientos.

Una jornada con 23 acciones

Los cuatro recursos contra el Código Penal formaron parte de las 23 acciones directas de inconstitucionalidad conocidas ayer por el Tribunal Constitucional.

En materia penal también fue conocido el expediente presentado por Guillermo Andrés Castillo Cueto contra el artículo 29 del Código Procesal Penal, por lo que el bloque penal de la audiencia abarcó cinco acciones.

La jornada incluyó además seis expedientes relacionados con asuntos electorales, que constituyeron el grupo más numeroso, así como procesos sobre residuos sólidos, medioambiente, lavado de activos, salud, derecho laboral, registro inmobiliario y facturación electrónica, entre otros.

Uno de los casos que generó particular interés fue el presentado por Affe Gutiérrez Gil, quien busca que se despenalice el simple consumo de drogas y que la respuesta penal se concentre en quienes participan en el narcotráfico.

Gutiérrez, quien relató ante los medios su experiencia de dos años en prisión, dijo que su posición nació de lo que observó durante ese período, especialmente el deterioro de jóvenes consumidores que ingresaban a los centros penitenciarios y terminaban expuestos a drogas y condiciones que, según su relato, agravaban su situación.

Sostiene que el consumo debe abordarse como un problema sanitario y no exclusivamente penal, y que los consumidores deben ser tratados como personas que necesitan rehabilitación y reinserción, mientras la persecución penal debe concentrarse en quienes comercializan las sustancias.

También fueron conocidos recursos relacionados con la gestión de residuos sólidos, el lavado de activos, la Ley General de Salud, el Código de Trabajo, el registro inmobiliario y la facturación electrónica, además de varias acciones vinculadas al régimen electoral.

Todos los expedientes conocidos durante la audiencia fueron dejados en estado de fallo, por lo que ahora corresponde a los jueces deliberar y emitir sus decisiones.