La nueva Ley de Contrataciones Públicas fue promulgada el 28 de julio del año pasado por el presidente Luis Abinader. Carlos Pimentel, el director de Contrataciones Públicas, explicó que el reglamento de la nueva ley se publicará este martes.

La normativa consiste una reforma que se estudió en el Congreso desde el 2021 y, entre sus cambios más trascendentales, figura el establecimiento de hasta cinco años de prisión contra los funcionarios y legisladores que negocien con el Estado.

Las consecuencias de la normativa también se extienden a los empresarios y contratistas que cometan corrupción en los procesos de contratación.

La propuesta legal que promulgó el presidente Luis Abinader se propone sustituir la ley del 2006 que, aunque prohíbe a los funcionarios beneficiarse de contratos con el Estado, no establece ninguna sanción penal.

La Ley 340-06 solo contempla sanciones administrativas como inhabilitación del cargo y deja a disposición de otras leyes cualquier consecuencia penal.

Prisión para funcionarios

El nuevo proyecto, elaborado tras meses de estudio en comisiones especiales del Congreso, incluye un título penal con sanciones para quienes incurran en prácticas corruptas vinculadas a la contratación pública y establece consecuencias para quienes falseen información, participen en contratos prohibidos o incurran en tráfico de influencias.

En particular, el artículo 234 contempla penas de dos a cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que se involucren en negocios con el Estado y sanciona con hasta 10 años de cárcel a contratistas que ofrezcan sobornos para obtener obras o servicios públicos.

Otras novedades

El proyecto de ley también dispone que las instituciones deberán adquirir productos o servicios a través de una plataforma oficial en línea llamada Tienda Virtual, siempre que los productos estén disponibles allí.

Las entidades solo podrán salirse de ese mecanismo si demuestran que otro proveedor ofrece mejores condiciones y previa autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Además, la pieza argumenta que se sancionará a las instituciones que dividan las contrataciones para evitar controles o para operar por debajo de los umbrales que exigen las licitaciones.

El proyecto establece que no se podrán hacer contrataciones por separado dentro de un período de tres meses si corresponden al mismo tipo de bien o servicio.

Además, la ley institucionaliza el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, una plataforma donde deberán registrarse todas las fases del proceso: planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre de las contrataciones.

Cualquier contratación realizada fuera del sistema no tendrá validez legal y podría ser sancionada.

Prioridad de Abinader

En noviembre del 2024, el presidente Luis Abinader pidió al Congreso que agilizara la nueva ley de contrataciones, pero la iniciativa se detuvo por muchos meses en la Cámara de Diputados por la inconformidad de algunos sectores con la pieza.

Ocho meses después, la Cámara de Diputados y el Senado lograron construir un consenso para aprobar la ley, que fue promulgada solo días después y ahora entra en vigencia.