La narrativa actual solo destaca beneficios para los trabajadores, omitiendo el costo real de contratarlos y las reducciones en producción que conlleva cumplir con la legislación. Mientras a la opinión pública se le ofrece una parte del discurso en forma de ventajas, el emprendedor enfrenta la otra realidad: una contratación costosa y restrictiva. Quien está en el mercado laboral buscando empleo comparte la otra cara de esa situación: mayores dificultades para ser contratado sin que se contravenga la ley. Es decir, de manera formal.

Lo que no se ve a simple vista debería estar presente en las conversaciones o debates en torno a esta ley. Para evaluar los artículos del código, el análisis debe partir de una pregunta general: ¿el objetivo de la legislación es crear más empleos formales o mantener la alta informalidad laboral en la República Dominicana? Luego, se deben plantear varios cuestionamientos específicos: ¿esta disposición abarata o encarece la contratación formal?, ¿eleva los costos de cumplimiento para los emprendedores?, ¿aumenta los pasivos de las empresas?, ¿reduce su capacidad de invertir en capital para elevar la productividad laboral?, ¿aumenta o disminuye las posibilidades de acuerdos voluntarios entre las partes?, y ¿fomenta regulaciones que hacen más complejos o que encarecen los contratos laborales? Con un ejercicio de este tipo, el articulado del proyecto sería reducido y mejoraría el resultado. Incluso, aquellos elementos que se ha dicho que no se tocarían, como la cesantía, serían modificados para beneficio real de los trabajadores.

El código de 1992 contiene las bases para el actual Consejo Nacional de Salarios (CNS). El órgano encargado de determinar los salarios mínimos en el país. Pocas cosas distorsionan más la economía que los controles, sean estos para topes o para pisos, de los precios. Establecer un precio mínimo de contratación deja a muchos fuera del mercado formal, o de conseguir un empleo. El otro efecto que genera es elevar los costos de los bienes producidos.

Pero los salarios mínimos siguen siendo una vía para tratar de solucionar varios problemas con la herramienta equivocada. En lugar de atacar factores que incrementan costos en la economía, o que producen inflación de precios, se recurre a crear una distorsión adicional. En vez de promover políticas que incrementen la productividad y, en consecuencia, contribuyan a elevar los ingresos, se decretan los salarios.

La cesantía es otra distorsión importante y otro freno a la formalidad laboral. Dos leyes, la 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ordenan un mecanismo alternativo para la cesantía. Sin que se pierdan los derechos adquiridos de quienes se encuentran en el mercado laboral.

La modificación al Código de Trabajo no debería desperdiciar la oportunidad de corregir una distorsión que dificulta la contratación formal y crea un pasivo contingente que afecta el patrimonio de las empresas. Existen diferentes mecanismos que pueden ser alternativas mejores al sistema de cesantía. En Austria, Chile, Ecuador y Panamá, por citar ejemplos, existen modelos alternativos. El de Chile pudiera servir de modelo, con modificaciones para adaptarlo al país.

Las regulaciones no suelen beneficiar a las partes involucradas. En este caso a empleados y emprendedores. El Código de Trabajo de la República Dominicana no es una excepción. La oportunidad de cambiarlo debe ser aprovechada.