El Partido Popular calificó las revelaciones de «mentira de Estado«, acusó al Gobierno de una «dejación de funciones manifiesta y dolosa» y reclamó elecciones. Vox fue todavía más lejos: quiere activar el artículo 102 de la Constitución para intentar exigir responsabilidad penal al presidente y su Gobierno por supuesta traición.

La controversia estalló después de que el Ejecutivo desclasificara 40 documentos sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio, la mayor entrada irregular registrada en Ceuta. Entre ellos aparecen comunicaciones que confirman que el Centro Nacional de Inteligencia conocía convocatorias para cruzar la frontera y transmitió esa información antes de la avalancha.

El dato políticamente más explosivo corresponde al 29 de julio. Un agente del CNI comunicó al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta que en redes sociales circulaba un llamamiento para un «asalto por valla y mar» al día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono marroquí.

El mensaje precisaba que dos grupos reunían unos 180,000 seguidores. El CNI transmitió también información a la Guardia Civil y, significativamente, a los servicios de inteligencia de Marruecos.

La oposición responde

La Moncloa sostiene que aquello no constituyó una alerta formal y que ningún informe permitió anticipar una operación de la magnitud que finalmente se produjo. El aviso describía una convocatoria, argumenta el Gobierno, pero no podía prever que decenas de miles de personas atravesarían la frontera.

La oposición rechaza esa distinción.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, afirmó que los documentos demuestran oficialmente que Sánchez mintió y responsabilizó directamente al Gobierno de la crisis y de sus consecuencias. Los populares sostienen que existieron suficientes señales para reforzar preventivamente la frontera y cuestionan por qué las advertencias no llegaron hasta los máximos responsables políticos.

La presión se concentra también sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los diputados populares Miguel Tellado y Ana Vázquez lo acusaron este jueves de «negligencia dolosa y mala fe» y cuestionaron la actuación posterior de la Guardia Civil respecto del posible papel de Marruecos. Marlaska respondió rechazando las acusaciones y defendiendo la gestión gubernamental.

• Vox endureció todavía más el enfrentamiento. Su portavoz, Pepa Millán, sostiene que los documentos demuestran que el CNI cumplió su obligación de advertir y que fue el Ejecutivo el que no actuó. El partido acusa al Gobierno de haber conocido el peligro, no impedirlo y posteriormente proteger políticamente a Marruecos.

Los documentos añaden otra dimensión delicada: la actuación marroquí.

Un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas describió como «pasiva» la respuesta de las autoridades del país vecino y consideró probable que, aunque Marruecos no hubiera promovido activamente la avalancha, hubiese actuado de manera negligente. El propio CNI constató la ausencia inicial de una reacción suficientemente activa de las fuerzas marroquíes.

Sánchez insiste en que no existen pruebas que permitan responsabilizar a Rabat de haber organizado deliberadamente los acontecimientos.

La desclasificación, concebida por el Gobierno como un ejercicio de transparencia, ha terminado así alimentando la ofensiva de sus adversarios. Los documentos no prueban que el Ejecutivo conociera la dimensión que alcanzaría la avalancha. Pero confirman que existieron advertencias concretas sobre intentos de entrada por tierra y mar.

Y esa diferencia —entre desconocer la magnitud de una amenaza y desconocer su existencia— se ha convertido ahora en el centro de la batalla política española.