El documento ahora debe debatirse en alguna sesión de los diputados, que decidirán con sus votos si aprueban o rechazan la pieza de ley.

Según el artículo 51 del informe al proyecto de ley, los propietarios, arrendadores o abogados que ejecuten un desalojo sin las formalidades judiciales serían sancionados con penas de tres a cinco años de prisión, además de la imposición de una multa que iría desde los 10 hasta los 20 salarios mínimos del sector público.Más abajo, en el artículo 52, la propuesta establece que cualquier ejercicio temerario contra los inquilinos se debatirá en un juzgado y allí se impondrán las sanciones contra los propietarios. Si el supuesto abuso es cometido por un alguacil o un abogado, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría deberán debatir otras medidas disciplinarias.

El proceso judicial

El informe del proyecto para una nueva ley de alquileres dedica todo un capítulo para explicar los procesos judiciales en situaciones de conflicto entre propietarios y arrendatarios.

En ese orden, el documento detalla que cualquier impasse o demanda relacionada con un alquiler será conocida por un juzgado de paz ubicado en el lugar donde se encuentre el inmueble.

Según la propuesta de los diputados, la primera fase  del proceso  deberá intentar una conciliación entre el propietario y el inquilino, pero, si no llegan a un acuerdo, el juzgado de paz celebrará audiencias donde debatirá  el caso y dictará una sentencia.

Para evitar que el proceso judicial se prolongue, el artículo 36 de la pieza ordena a los jueces tomar una decisión definitiva en 30 días.  Y, si se exceden de ese plazo, la parte afectada podrá solicitar al Consejo del Poder Judicial una autorización para demandar al juez por denegación de justicia.