Aunque las instituciones públicas en la República Dominicana ofrecen cada vez más formas de denunciar un delito, agresión o irregularidad, los datos muestran otra realidad.

La mayoría de personas prefiere lo presencial. Muchos no entienden qué constituye una denuncia y las entidades enfrentan el desafío de convertir cada alerta en una respuesta efectiva.

Representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) comentaron a Diario Libre que, hace poco, la búsqueda de ayuda llegó por una vía que hace unos años resultaría improbable: ChatGPT.

Niños en situación de riesgo escriben al chat preguntas como: «Estoy en peligro, ¿a quién puedo llamar?«. El sistema les proporciona el número de alguna de las flotas del Conani y desde allí reciben la llamada.

Canales

Las instituciones públicas multiplicaron los mecanismos para recibir reportes. Hay teléfonos, formularios web, aplicaciones, correos electrónicos, buzones físicos, atención presencial, números de WhatsApp y cuentas en redes sociales.

Sin embargo, la expansión de los canales digitales no borra los tradicionales.

Entre 2023 y junio de 2026, la Policía Nacional (PN) registró 73,589 denuncias a través de plataformas tecnológicas, una cantidad minoritaria frente a las 1,185,283 denuncias presenciales. El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de reportes virtuales, con 18,083 casos. Puerto Plata es la única provincia donde esas denuncias superan a las presenciales con 16,655 frente a 3,715. Santo Domingo ocupa el tercer lugar, con 12,571.

En otro extremo se ubican San José de Ocoa, con 24 denuncias; Pedernales, 27; Bahoruco, 40; Elías Piña, 49; Santiago Rodríguez, con 62, y El Seibo, 64.

Aunque en la PN la denuncia presencial domina, algunos servicios, como el de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), muestran un cambio. Durante varios años, quienes denunciaban utilizaban más el teléfono. Con 207 denuncias en 2023; 247 en 2024 y 230 en 2025.

Su cuenta de WhatsApp inició como plan piloto en 2025 y recibió 69 casos durante ese año. En el primer semestre del 2026, desplazó a la vía telefónica, con 143 denuncias, frente a 93.

El correo electrónico y la web alcanzaron 129 denuncias en 2024. Descendieron a 73 en 2025 y ocho durante la primera mitad de 2026. Mientras que las denuncias presenciales se mantuvieron entre 61 y 83 reportes anuales entre 2023 y 2025.

En total, la DNCD recibió 1,631 reportes ciudadanos entre 2023 y el 30 de junio del 2026.

La preferencia de canal también tiene que ver con la garantía del anonimato.

Confusión

En el Conani, los funcionarios prefieren hablar de «alertas».

Edwin Ceballos, titular del departamento de Gestión Territorial, advierte que existe confusión entre la población sobre los conceptos de denuncia, demanda y querella. Para Ceballos, una denuncia implica la formalización ante el Ministerio Público, la Policía u otra autoridad competente.

«Pensando que no están protegidos y que tendrán que presentarse ante un tribunal, quieren que sea anónimo y por eso buscan canales no presenciales«, refiere.

La situación cambia cuando les etiquetan en una publicación de redes sociales.

Ennio Bertozo, encargado de la unidad de Gestión de Casos, refiere que miles de cuentas lo hacen para llamar la atención sobre situaciones relacionadas con menores de edad, pero una parte de esas publicaciones resulta falsa, corresponde al pasado u ocurrió en otros países.

Cuando una publicación se viraliza, la institución intenta obtener más información sobre su origen. Sin embargo, muchas veces el usuario responde que solo vio el contenido en las redes.

Además, la poca precisión en la información también dificulta la intervención.

En ocasiones, las personas describen un lugar con referencias como «al lado de la banca» o «cerca de la mata de mango». Hay gente que les contacta para pedir electrodomésticos o ayudas. Los representantes del Conani lo atribuyen al parecido en el nombre con el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis).

Proceso

El recorrido del denunciante cambia según la institución y el tipo de reporte.

Carolina Amador, encargada de Atención Ciudadana en la Dirección General de Migración (DGM), explica que -en la mayoría de los casos- los usuarios reportan la presencia de extranjeros en situación irregular y solicitan la intervención de los agentes. Uno de los ejemplos presentados por Amador corresponde a una señora que alertó sobre un flujo de extranjeros haitianos en su edificio.

Remitieron el reporte a Interdicción Migratoria y luego al coordinador encargado de organizar la acción.