La iniciativa surge de una alianza impulsada por la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, en coordinación con el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y la Universidad Carlos Albizu, una institución especializada en psicología y ciencias del comportamiento.

Los centros educativos que participarán en el programa son la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad de la Tercera Edad (UTE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Félix Adam (Unefa), la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec), el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

Centros penitenciarios

Mediante esta colaboración, profesores, investigadores y estudiantes desarrollarán intervenciones en los centros penitenciarios orientadas a fortalecer la salud mental de los internos. Además, se potenciarán diversos programas ocupacionales, laborales y productivos que incluyen actividades artísticas, musicales y talleres de generación de ingresos.

La experiencia toma como referencia iniciativas implementadas en Puerto Rico durante más de tres décadas. Julio Santana, rector de la Universidad Carlos Albizu, explicó que estos planes de formación permiten que estudiantes y privados de libertad compartan experiencias en espacios educativos y terapéuticos que contribuyen a desmontar estigmas sobre la población penitenciaria.

Déficit de profesionales

La incorporación de las universidades dentro de las prisiones ocurre en un contexto de escasez de profesionales de salud mental dentro del sistema penitenciario. Al asumir en octubre la dirección de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana encontró apenas 52 psicólogos para atender una población de 25 mil reclusos.

Según explicó, estudios del Colegio Dominicano de Psicólogos estiman que el sistema requeriría unos 200 especialistas. Sin embargo, debido a limitaciones presupuestarias, las autoridades fijaron una meta intermedia de 125 profesionales y en la actualidad trabajan en la contratación de otros 50 psicólogos.

La situación resulta llamativa si se considera que, hoy día, la Psicología es la carrera con mayor matrícula universitaria del país. Según datos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, unos 76,790 estudiantes cursan esta licenciatura, equivalente al 24.3% de toda la población universitaria.

«Quienes más se acercan a los centros penitenciarios son las iglesias y los pastores. Pero instituciones sustantivas de la sociedad involucradas en la problemática de las cárceles son muy pocas», señaló Santana. «Esta es la primera vez que tendremos instituciones de este calibre».

Impacto del encierro en la salud mental

Las autoridades penitenciarias y especialistas en salud mental coinciden en que la prisión constituye un factor que impacta de manera significativa el bienestar psicológico de las personas privadas de libertad.

Alex Torres, subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, afirmó que toda persona encarcelada enfrenta algún grado de afectación emocional debido al aislamiento, la separación familiar, la incertidumbre sobre el futuro y los sentimientos de culpa asociados al encierro.

Según explicó, mientras en la población general de República Dominicana y Puerto Rico la prevalencia de trastornos de salud mental oscila entre 15% y 25%, en las cárceles de Puerto Rico y Estados Unidos los porcentajes alcanzan entre 60% y 70%. En el país un 80% de los reclusos padece de algún trastorno.

La depresión y la ansiedad encabezan el listado de las condiciones más frecuentes, seguidas por los trastornos asociados al consumo problemático de sustancias. También se registran casos de psicosis y alteraciones de la percepción.

El Informe sobre las Condiciones de Detención y de Prisión identificó al menos 508 internos con trastornos mentales graves y alertó sobre deficiencias en la atención médica, hacinamiento y ausencia de infraestructura especializada para atender estos casos.

La situación también afecta al personal penitenciario, que convive cada día con gente que presenta problemas psicológicos y conductuales.

Capacitación

Uno de los componentes centrales del acuerdo será la capacitación de los estudiantes y profesionales que participarán en las intervenciones dentro de los centros penitenciarios. Especialistas de Puerto Rico impartirán entrenamientos sobre sensibilización, adaptación cultural, comunicación, lenguaje corporal y manejo de situaciones de riesgo o violencia.

Además, se transferirán protocolos y herramientas de evaluación desarrolladas por el sistema correccional puertorriqueño para fortalecer la formación de los equipos que trabajarán en las cárceles dominicanas. El programa comenzará formalmente en julio y contempla viajes y talleres presenciales y virtuales.

Prisión preventiva

Para Roberto Santana, parte de la crisis de salud mental en las cárceles dominicanas se vincula al elevado número de personas que permanecen encarceladas sin condena definitiva. Mientras en Puerto Rico cerca del 80% de los reclusos ya tiene condena y solo 20% permanece en prisión preventiva, en República Dominicana ocurre lo contrario.

De los 25,878 privados de libertad registrados ahora, alrededor del 65% corresponde a presos preventivos y apenas el 35% cumple una condena definitiva. Especialistas penitenciarios sostienen que la incertidumbre jurídica asociada a la prisión preventiva prolongada constituye uno de los principales factores de estrés, ansiedad y deterioro emocional dentro de ese tipo de espacios.