Sánchez tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la casa donde vivía.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo de su gobierno durante la legislatura y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la «ola ultraderechista» que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo «un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental».

Sánchez defendió las medidas valientes de su gobierno para reforzar el Estado del bienestar, si bien reconoció «errores».

Dijo que el Ejecutivo no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidió convocar elecciones, para dotarse de una mayoría más amplia progresista para «doblegar a las élites«, conquistar nuevos avances sociales y «seguir transformando» España.

El jefe del Ejecutivo abrió el viernes un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelantaba o no los comicios, después de que el Congreso rechazara esos dos decretos sobre alquiler de vivienda, un sector que sufre precios elevados desde hace varios años.

Votaron en contra de los decretos la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los independentistas catalanes de Junts, que fueron clave en el resultado final para el rechazo de las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la carestía del alquiler.

El debate parlamentario y la votación posterior de las medidas se produjo en un ambiente de protesta social creciente de grandes manifestaciones y acampadas en ciudades, la principal de ellas en Madrid, para reclamar el derecho a una vivienda digna y a un precio asequible, y para que se impida el desahucio de los inquilinos que se encuentren en situación personal de precariedad socioeconómica.

Una coalición

Sánchez había repetido hasta ahora que las elecciones serían en 2027, cuando terminaba la legislatura, que comenzó en 2023, a pesar de las dificultades políticas.

El Gobierno, formado por una coalición de socialistas y Sumar (izquierda), carece de mayoría parlamentaria y cada vez tenía más complicado sacar adelante las leyes por falta de apoyos parlamentarios, sobre todo de Junts.

A ello se añaden las investigaciones sobre corrupción que salpican al Partido Socialista y los casos judiciales que afectan a familiares directos de Sánchez.