La posibilidad fue planteada por el presidente de la comisión permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, Elías Wessin Chávez, quien informó que ya conversó con varios legisladores sobre la propuesta y que existe disposición para someter el proyecto a una consulta pública antes de aprobarlo.

El proyecto de ley está vigente desde marzo y fue promovido por el entonces presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, quien llevó la propuesta a los senadores para evitar que figuras del crimen organizado o del narcotráfico se adentren en las militancias políticas.

Wessin Chávez explicó que ayer la comisión avanzó aproximadamente hasta las tres cuartas partes de la lectura de la pieza. Una vez concluya esa etapa, los diputados comenzarán el estudio del proyecto.

«Posiblemente lo llevemos a vistas públicas también y allí, pues, consensuaremos este proyecto que es muy interesante y muy importante», expresó el legislador.

El presidente de la comisión dijo que el ambiente entre sus integrantes es favorable al análisis de la iniciativa.

«Todo lo que sea para darle garras a las leyes, en este caso electorales, es importantísimo. Necesitamos que las elecciones aquí sean lo más pulcras posible», sostuvo.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa plantea modificar varios artículos de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para establecer nuevas condiciones a quienes aspiren a una candidatura dentro de los partidos políticos.

Entre las propuestas figura exigir a los aspirantes una declaración jurada de patrimonio, además de una certificación vigente de no antecedentes penales emitida por las autoridades dominicanas.

También se plantea que presenten una certificación similar de los países donde hayan residido durante los últimos 15 años y que se sometan a una prueba antidopaje actualizada que confirme la ausencia de sustancias psicotrópicas.

El proyecto también propone ampliar las circunstancias en las que un candidato puede ser sustituido.

A las disposiciones que contempla actualmente la ley, como la renuncia, la comprobación de una violación grave a la Constitución o a la ley y una condena penal, se agregaría la determinación de falsedad u omisión relevante en la declaración de patrimonio.

El curso del proyecto

La iniciativa de ley fue sometida al Senado en marzo y, después de agotar allí su proceso habitual, se encuentra desde junio en la Cámara de Diputados, por lo que ya acumula seis meses en el Congreso.