Esta fue una de las premisas centrales del panel sobre financiamiento sanitario, realizado en la 15.ª edición del Roche Press Day, celebrada en San José, Costa Rica.

Moderado por Fernando Ruiz, líder de Policy para Roche Pharma Latam, el encuentro reunió a Carlos Arauz, fundador de Fidimem Financial Services; Héctor Villarreal, profesor e investigador; Marcela Ponce, representante del Grupo Banco Mundial en Costa Rica; y Fernando Araos, secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue.

Los especialistas coincidieron en que el reto de la región no consiste solo en aumentar los recursos destinados a la salud, sino también en mejorar su utilización, demostrar sus resultados y construir mecanismos de financiamiento sostenibles a largo plazo.

Salud y retornos económicos

Para Marcela Ponce, convencer a los gobiernos de la importancia de invertir en salud exige demostrar sus efectos sobre la economía. La falta de financiamiento sanitario no elimina los costos asociados a las enfermedades, sino que los traslada a las familias, las empresas y los propios Estados.

La representante del Grupo Banco Mundial en Costa Rica destacó tres argumentos fundamentales: la protección del capital humano, el retorno económico de las inversiones sanitarias y el impacto de la innovación.

Explicó que las enfermedades crónicas pueden afectar la productividad laboral y que los problemas de salud repercuten en el crecimiento económico. También señaló que las inversiones sanitarias pueden generar retornos significativos, especialmente en intervenciones como la vacunación, mientras que los retrasos en el acceso a innovaciones médicas pueden traducirse en pérdidas económicas.

«La factura ya existe, la pregunta es ¿quién la está pagando?», refirió. «El gasto en salud realmente no compite con otras prioridades de desarrollo. Es una inversión que permite todas las demás inversiones en un país», agregó.

Nueva arquitectura de financiamiento

Ante las dificultades de los gobiernos para conciliar las necesidades sanitarias con las obligaciones fiscales, Héctor Villarreal planteó la necesidad de transformar los mecanismos presupuestarios. El envejecimiento poblacional, el endeudamiento y la falta de espacio fiscal obligan a buscar alternativas que permitan financiar la salud con una perspectiva de largo plazo.

El profesor e investigador reconoció la importancia de mejorar la eficiencia del gasto, combatir la corrupción y fortalecer la prevención, pero advirtió que estas medidas no eliminan la necesidad de contar con mayores recursos.

«Necesitamos una nueva arquitectura, que la gente esté convencida de que participar en la seguridad social vale la pena», dijo.

Villarreal propuso explorar instrumentos financieros que permitan movilizar recursos a largo plazo, incluidos mecanismos vinculados con los sistemas de pensiones para financiar la atención sanitaria y los cuidados de las personas mayores.

Asimismo, advirtió que los altos niveles de informalidad en América Latina representan un desafío para la sostenibilidad de los sistemas de protección social.

Cuánto rinde la inversión, no solo cuánto cuesta

Desde la perspectiva financiera, Carlos Arauz planteó que uno de los principales obstáculos para aumentar la inversión en salud es la forma en que tradicionalmente se evalúa el gasto sanitario. En su opinión, las decisiones presupuestarias deben incorporar indicadores capaces de demostrar los beneficios económicos y sociales de las intervenciones.

El fundador de Fidimem Financial Services propuso cambiar el enfoque de la discusión fiscal y medir los resultados en términos de productividad, calidad de vida, discapacidad y bienestar.

«Invito a eliminar la palabra cuánto cuesta y cambiarla por cuánto rinde«, enfatizó.

Arauz defendió la incorporación del retorno social de la inversión como complemento de las métricas financieras tradicionales. Para avanzar en esa dirección, consideró fundamental fortalecer la calidad de los datos, la trazabilidad y la capacidad institucional para evaluar los resultados de las políticas públicas.

De igual modo, planteó explorar bonos de impacto social y alianzas público-privadas que integren a los sectores tecnológico, farmacéutico y social. Estos mecanismos, señaló, pueden ayudar a movilizar recursos y orientar las inversiones hacia resultados verificables.

Convertir la evidencia en decisiones que mejoren la salud

Fernando Araos, secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue, destacó el papel de los organismos multilaterales en la articulación de esfuerzos entre los gobiernos, la academia, los pacientes y los sectores que desarrollan tecnologías sanitarias.

El especialista sostuvo que la evidencia científica necesita comunicarse de manera efectiva para influir en las decisiones públicas.

También subrayó que los problemas de acceso a la atención médica tienen consecuencias humanas y económicas, desde familias que enfrentan dificultades para recibir medicamentos hasta trabajadores que no pueden reincorporarse a sus actividades por esperar un tratamiento.

«Creo que la evidencia que no se comunica no encuentra apoyo, nunca. Y la evidencia que no llega a transformarse en decisiones no cambia nunca en las vidas«.

Araos defendió la creación de paquetes de inversión estratégica basados en evidencia y con participación de distintos actores.

Como ejemplo, mencionó la experiencia chilena con la incorporación de un anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial, una decisión que, según expuso durante el panel, estuvo asociada con reducciones en hospitalizaciones y otros beneficios económicos.

En esa línea, señaló que el Organismo Andino de Salud trabaja en un observatorio de inversión en salud para identificar experiencias con resultados demostrables y promover su consideración por parte de los países y sus ministerios de Hacienda y Economía.

Priorizar la evidencia y mejorar la eficiencia

Al abordar los mecanismos para acercarse a la meta de destinar el 6 % del producto interno bruto (PIB) a la inversión pública en salud, Ponce advirtió que el porcentaje no debe convertirse en un objetivo aislado de los resultados.

La representante del Grupo Banco Mundial sostuvo que cada país debe evaluar sus necesidades y garantizar que los recursos disponibles se utilicen adecuadamente. Para ello, propuso priorizar las intervenciones respaldadas por evidencia y desarrollar indicadores que permitan observar resultados más amplios que la mortalidad o la esperanza de vida.

En el caso del envejecimiento poblacional, destacó la importancia de medir también la autonomía y la reducción de la dependencia, factores que repercuten en la economía y en la calidad de vida.

Ponce señaló, además, oportunidades para reducir ineficiencias mediante compras conjuntas, mejores cadenas de abastecimiento y una mayor cooperación entre los sectores público y privado. Esta colaboración, explicó, puede extenderse a la generación de datos, la formación de capital humano y la transferencia de conocimiento.

Reducir el gasto de bolsillo

La reducción del gasto de bolsillo fue otro de los desafíos abordados durante el panel. Villarreal advirtió que los pagos directos por servicios sanitarios pueden empobrecer a los hogares y convertirse en una catástrofe financiera para algunas familias.

Frente a esta situación, propuso ampliar las redes de protección y fortalecer los mecanismos de aseguramiento, de modo que los costos de la atención no recaigan directamente sobre las personas cuando necesitan servicios médicos.

El especialista también anticipó una mayor integración entre los sectores público y privado, tanto en la provisión de servicios como en el financiamiento y la protección de los pacientes.

Consideró que desarrollar esquemas de seguros adaptados a distintas necesidades puede contribuir a reducir la exposición financiera de los hogares y mejorar la protección sanitaria en la región.

Importancia de las alianzas público-privadas

Al referirse a las alianzas público-privadas, Arauz sostuvo que la colaboración debe ir más allá de ampliar la infraestructura hospitalaria. El objetivo, explicó, es identificar oportunidades para mejorar la gestión, modernizar los procesos de compra, aprovechar las herramientas digitales y utilizar los recursos con mayor eficiencia.

El especialista defendió la necesidad de compartir experiencias y buenas prácticas que puedan traducirse en cambios concretos de política pública. También insistió en que las restricciones presupuestarias hacen indispensable buscar soluciones innovadoras para generar mejores resultados con los recursos disponibles.

«Yo creo que esa factura invisible definitivamente no se paga con más dinero. No hay más dinero. Los recursos son limitados».

Por ello, planteó que las alianzas público-privadas deben acompañarse de innovación en el financiamiento, indicadores adecuados y mecanismos de colaboración que permitan generar valor sostenible.