El funcionario advirtió que la contaminación sónica constituye un problema que afecta la salud y la convivencia social. Citó entre sus posibles consecuencias los trastornos del sueño, ansiedad, agresividad, alteraciones del sistema nervioso y auditivo y problemas cardiovasculares.

Contreras Núñez señaló que la Ley 90-19 contempla penas de uno a tres años de prisión y multas que pueden llegar hasta 30 salarios estatales.

Para establecimientos como discotecas, bares y centros de billar, indicó que las multas pueden oscilar entre cinco y 20 salarios, mientras que para vehículos cuyos sistemas de sonido hayan sido modificados pueden alcanzar entre 20 y 30 salarios.

El procurador destacó que la estrategia combina persecución y prevención. La institución desarrolla charlas, talleres y jornadas de orientación junto a juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y otras entidades para promover una cultura de respeto a los límites de ruido.

En el Distrito Nacional, la coordinadora Awilda Balbuena informó que durante este año se han producido más de 20 sometimientos judiciales relacionados con contaminación sónica.

Explicó que los casos comienzan con una denuncia, seguida de una investigación, inspección y medición de los niveles de ruido mediante un sonómetro.

Balbuena citó como ejemplo el cierre de un establecimiento denominado Villar Aquino, contra el cual se habían recibido múltiples denuncias. Según explicó, el negocio había asumido previamente el compromiso de mitigar el ruido, pero al incumplirlo, la Procuraduría solicitó al juez su cierre, medida que fue ejecutada.

La funcionaria indicó además que las autoridades intervienen otras fuentes de contaminación, entre ellas construcciones que generan elevados niveles de ruido y polvo, así como plantas eléctricas y tubos de escape de torres que producen contaminación sónica y atmosférica.

Contreras Núñez afirmó que entre 60 % y 75 % de los denunciados cumplen los acuerdos alcanzados con la Procuraduría. Cuando una persona reincide o incumple las medidas acordadas, el caso puede ser judicializado.

Prevención y persecución

El director de Prevención, Políticas Ambientales y Proyectos de la Procuraduría, Ángel Gomera, explicó que la institución trabaja sobre dos ejes: persecución y prevención.

Señaló que las jornadas de sensibilización buscan que los ciudadanos conozcan sus derechos, sus deberes ambientales y los canales disponibles para denunciar.

Gomera sostuvo que el ruido también puede convertirse en un factor de conflictividad social, debido a que las personas que se sienten afectadas y no escuchadas pueden reaccionar con agresividad, lo que, según afirmó, ha contribuido incluso a conflictos vecinales con consecuencias violentas.

La Procuraduría desarrolla, además, la jornada «Hablemos de Ruido«, junto a organizaciones comunitarias, con el objetivo de orientar a la población sobre la Ley 90-19 y convertir a los ciudadanos en vigilantes de la protección ambiental.

Si se comprueba una violación y el responsable no corrige la situación dentro del plazo establecido, el caso es llevado a la justicia.