La directora ejecutiva de la entidad, Magaly Caram, afirmó que enfrentar esta problemática requiere más que perseguir y sancionar a los agresores, pues también demanda acciones de prevención, detección temprana y seguimiento a los resultados.

Caram destacó que la iniciativa establece responsabilidades para distintas instituciones del Estado, más allá del sistema de justicia, e incluye obligaciones para el sector salud en la identificación y atención de casos de violencia, incluso cuando no exista una denuncia penal.

Señaló que los centros de salud desempeñan un papel importante en la detección de situaciones de violencia que las víctimas todavía no han denunciado. Para ello, consideró necesario capacitar al personal, establecer protocolos de atención y garantizar la confidencialidad y el acompañamiento.

Efectividad de ley dependerá de factores

La directora ejecutiva de Profamilia sostuvo que la efectividad de la ley dependerá de su aprobación, una reglamentación adecuada y la asignación de recursos suficientes para garantizar la continuidad de las políticas públicas.

Asimismo, indicó que la violencia de género responde a patrones estructurales de desigualdad que requieren intervenciones sostenidas del Estado y la sociedad, en lugar de acciones aisladas.