A los mensajes agresivos enviados por estudiantes, cargados de insultos y amenazas, se suman expresiones intimidatorias y palabras altisonantes dentro y fuera de los planteles. Los educadores advierten que situaciones que antes podían considerarse episodios aislados comienzan a generar temor entre quienes deben acudir diariamente a las aulas.

Las agresiones no se limitan a las palabras. Entre las prácticas denunciadas figura la colocación de clavos y otros objetos punzantes cerca de los vehículos de los profesores, con el propósito de que, al terminar la jornada, encuentren los neumáticos pinchados.

Frente a estos hechos, una de las principales quejas es la escasa o casi inexistente presencia de la Policía Escolar en algunos centros, una situación que aumenta la sensación de desprotección de docentes que temen que las amenazas puedan escalar hacia episodios de mayor violencia.

A este escenario se agrega la presión de algunos padres que reaccionan de manera agresiva cuando sus hijos obtienen bajas calificaciones. Los profesores relatan que no son infrecuentes los reclamos de progenitores que, en lugar de cuestionar el desempeño académico del estudiante, recriminan al docente por «no ponerle buenas notas».

Este testimonio recogido por Diario Libre corresponde a un profesor que, por distintas razones, pidió mantener su nombre en reserva y evitar cualquier pista sobre los centros donde ejerce su labor.

Situaciones como estas han hecho que un trabajo que antes asumían con múltiples satisfacciones por el valor de enseñar a niños y adolescentes, se convierta en una labor en la que muchas veces deben medir hasta la forma en que llaman la atención a un estudiante.

El caso de C. Genao, no está muy aislado de la realidad, pedirle a una estudiante que cumpliera una regla del aula terminó convirtiéndose en una situación que todavía recuerda.

Durante un examen, la maestra de una escuela en Juan de Herrera encontró un celular escondido en el estuche de una alumna de 16 años. Lo que siguió, según relata, la hizo sentir que una simple llamada de atención podía convertirse en un conflicto que el docente no siempre sabe cómo manejar.

Genao fue a retirarle el estuche porque, a su entender, una vez iniciado el examen la estudiante no debía tenerlo sobre el asiento. Fue al tomarlo cuando encontró dentro el teléfono que la joven utilizaba durante la prueba.

La reacción de la estudiante fue levantarse de su asiento, entregar el examen en blanco y reclamarle que le devolviera el aparato.

«Dame mi teléfono, porque es mío y no te pertenece», fue, según Genao, la respuesta de la adolescente.

La situación ocurrió pese a que en el centro educativo existe una norma que prohíbe el uso de celulares durante las clases.

Para Genao, aquel episodio no quedó reducido a la violación de una regla: puso de frente una de las dificultades que, según otros docentes consultados por Diario Libre, se ha vuelto cada vez más frecuente en las aulas: cómo ejercer la autoridad necesaria para corregir sin que la intervención termine en un enfrentamiento.

La maestra recuerda que permaneció durante más de 30 minutos en el aula frente a la estudiante. Dice que prefirió no responder a la provocación ni enfrentarse verbalmente con ella porque temía que la situación pudiera escalar.

«Gracias a Dios que no me puse a la altura de la estudiante«, relata.

Un problema que los propios docentes pusieron sobre la mesa

La preocupación de los profesores fue recogida por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en el informe general de su Primer Congreso Pedagógico Nacional.

• El documento, construido a partir de más de 82,000 respuestas de docentes de todo el país, identifica el deterioro del clima escolar, caracterizado por violencia, acoso e indisciplina, como uno de los principales obstáculos para el aprendizaje.

El informe señala además que los educadores reportan sentirse desprotegidos institucionalmente y sin competencias específicas suficientes para gestionar conflictos. Entre las propuestas planteadas por el magisterio figura establecer un régimen integral de consecuencias disciplinarias que permita fortalecer la autoridad pedagógica de los docentes.

La discusión, por tanto, no parte únicamente de la percepción de los maestros entrevistados. Es una preocupación que el propio magisterio colocó en el centro del debate sobre el sistema educativo.

Los docentes consultados por Diario Libre atribuyen esta pérdida de autoridad a una combinación de factores: las nuevas normativas y formas de abordar la convivencia escolar, el temor a que una corrección sea interpretada como maltrato, la falta de respaldo institucional, la conducta de algunos estudiantes y el menor acompañamiento de las familias.

El resultado, dicen, es una relación cada vez más compleja dentro de las aulas, en la que el maestro debe encontrar un equilibrio entre garantizar los derechos de los estudiantes y ejercer la autoridad necesaria para mantener la disciplina.

No reclaman, aclaran, volver a métodos disciplinarios basados en el maltrato o la imposición. Lo que plantean es la necesidad de contar con reglas claras y mecanismos efectivos que les permitan corregir una conducta sin sentir que, al hacerlo, quedan expuestos.