De acuerdo con un inventario elaborado por la Fuerza del Pueblo a partir del listado de obras publicado en el portal de la Presidencia, de enero a diciembre de 2025 se registraban 392 proyectos en ejecución, pero sólo 63 (el 16 %) correspondían a construcciones nuevas iniciadas ese año, lo que evidenciaría —según la organización— una baja proporción de nuevas obras públicas.

El resto era rehabilitación, remozamiento o ampliación de edificaciones existentes (38.7 %); obras menores, como asfaltados, aceras y contenes (38 %); estudios técnicos (7 %), y obras repetidas (0.3).

Ante esta alegada carencia de logros tangibles y obras de envergadura finalizadas, el mandatario recurrió a una recopilación de todas las obras de sus seis años de gobierno, pero estas exhiben un patrón similar y la mayoría son obras heredadas.

De 2,147 obras realizadas en los últimos seis años, sólo 18 % son obras importantes iniciadas por la presente gestión, y el resto son estructuras menores, remodelaciones o estudios técnicos.

Los datos forman parte de un análisis presentado por la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo durante una rueda de prensa encabezada por su titular, Mariano Germán, quien aseguró que las cifras presentadas por el Gobierno lucen impresionantes en el discurso, pero cambian cuando se examinan en detalle.

«Los números pueden impresionar, pero cuando se analizan, la realidad aparece«, afirmó Germán al presentar el informe.

Según explicó, el listado de 2,147 intervenciones divulgado por el Gobierno corresponde a un inventario acumulado entre agosto de 2020 y febrero de 2026, lo que a juicio de la organización evidencia que la rendición de cuentas no se limitó a los resultados del último año.

Predominio de intervenciones menores

El análisis porcentual presentado por la organización muestra que la mayor parte de las intervenciones corresponde a trabajos de menor escala o mantenimiento urbano.

De acuerdo con el desglose del inventario nacional de obras: 39 % corresponde a obras menores y mantenimiento urbano, 18 % a construcciones nuevas, 17 % a rehabilitación de infraestructuras existentes, 14 % a remozamientos, 5 % a ampliaciones y 7 % a estudios técnicos. 

Para la FP, estos datos revelan que la actividad de infraestructura pública se ha concentrado principalmente en la reparación o adecuación de obras existentes.

Entre las intervenciones clasificadas como obras menores se incluyen asfaltados urbanos, construcción de aceras y contenes, drenaje pluvial, parques, verjas perimetrales, alcantarillas y equipamiento comunitario.

El partido sostiene que estas intervenciones pueden ser necesarias, pero cuestiona que se presenten dentro de un inventario general como si fueran proyectos de gran impacto.

Lo que dijo el presidente

En su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026, el presidente Luis Abinader afirmó que durante el año 2025 el Gobierno mantuvo un alto nivel de inversión en infraestructura pública.

Señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó 47,290 millones de pesos en proyectos durante ese período —sin incluir los recursos de RD Vial— y aseguró que se concluyeron 69 obras, con una inversión superior a 33,732 millones de pesos.

El mandatario presentó estas cifras como parte de lo que calificó como un proceso de descentralización de la inversión pública hacia distintas regiones del país.

El presidente también enumeró decenas de proyectos distribuidos por provincias, señalando que su administración ha desarrollado más de dos mil intervenciones de infraestructura en todo el territorio nacional. Según dijo, estas inversiones buscan corregir desigualdades territoriales y ampliar el desarrollo hacia comunidades fuera de los grandes centros urbanos.

Distribución por provincias

El informe también presenta un desglose territorial de las 2,147 intervenciones registradas entre 2020 y 2026.

Las provincias con mayor número de proyectos son Santo Domingo, con 295 intervenciones; Santiago, con 221; San Cristóbal, con 118; Azua, con 112; Puerto Plata, con 96, y el Distrito Nacional, con 92. 

Sin embargo, incluso en estas demarcaciones el patrón es similar: predominan las intervenciones menores frente a las construcciones completamente nuevas.

Por ejemplo, en la provincia Santo Domingo se registran 53 obras nuevas frente a 115 intervenciones clasificadas como obras menores, mientras que en Santiago aparecen 40 construcciones nuevas frente a 86 trabajos de menor escala.

Según el documento, esta tendencia se repite en prácticamente todas las provincias del país.

Obras inconclusas o deterioradas

Durante la rueda de prensa, la organización también presentó fotografías tomadas en marzo de 2026 que, según explicó, muestran el estado de varias obras mencionadas por el Gobierno.

Entre los ejemplos citados figuran áreas inconclusas del Hospital Antonio Musa en San Pedro de Macorís, trabajos pendientes en la carretera Bayaguana–Hato Mayor, deterioro en la circunvalación de Baní y proyectos inconclusos en El Seibo, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez y Elías Piña.

En el caso del Hospital Musa, el informe señala que se observaron instalaciones eléctricas expuestas, escombros en zonas hospitalarias y áreas utilizadas como almacenamiento improvisado.

Grandes proyectos con retrasos

El documento también menciona retrasos en varias obras de gran envergadura, entre ellas la presa de Monte Grande, el monorriel de Santiago, la ampliación de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo y varias infraestructuras viales.

Sobre el monorriel de Santiago, el informe indica que el proyecto fue anunciado inicialmente con un costo aproximado de 33,600 millones de pesos, pero que actualmente el monto supera los 66,000 millones sin que la obra haya sido concluida.

Inversión pública en infraestructura

La organización también cuestionó el nivel de inversión pública en infraestructura durante los últimos años.

Según el informe presentado, la inversión del Gobierno ha oscilado entre el 1.5 % y el 2 % del producto interno bruto (PIB).

Germán explicó que diversos especialistas han advertido que países con niveles de desarrollo similares al de República Dominicana requieren niveles de inversión pública cercanos al 4 % o 5 % del PIB para garantizar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida.