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La administradora de riesgos de salud presta servicios a más de 7.5 millones de afiliados, que dependen de su buen funcionamiento
De 3.9 millones de afiliados pasó a 5.7 millones en un solo año, tras la decisión del Gobierno de sumar a dos millones de dominicanos en apenas cuatro meses de 2020 para enfrentar la emergencia del COVID-19.
La meta fue clara: garantizar el derecho a la salud de la población más vulnerable y evitar el colapso de los hospitales públicos.
La medida constituyó un hito social, pero también sembró la semilla de un desequilibrio financiero que hoy estalla.
Desde entonces, el crecimiento no se detuvo y la aseguradora estatal cubre a más de 7.5 millones de personas, equivalentes al 70 % de la población. En gobiernos anteriores, por ejemplo en 2012, se registraron faltantes y fueron aportados por el Gobierno central.
La factura del crecimiento
El mayor cambio se produjo en la forma de prestar los servicios. Los hospitales públicos comenzaron a dar prioridad a los pacientes con seguro, lo que desplazó a quienes nunca han tenido cobertura y habían sido usuarios tradicionales de ese sistema. Para responder a la avalancha de afiliados, Senasa volcó buena parte de la demanda hacia el sector privado.
Entre 2019 y 2024, los pagos a hospitales públicos subieron apenas un 47 %, mientras que los destinados a prestadores privados se dispararon en 171 %.
Así, la mayor parte del presupuesto de la aseguradora estatal se canaliza hoy a la red privada. Ese salto, celebrado en su momento como conquista social, vino acompañado de un déficit creciente: el régimen subsidiado, financiado íntegramente por el Estado, cerró 2024 con pérdidas superiores a los dos mil millones de pesos.
Los retrasos en los pagos se multiplicaron. La morosidad, inferior al 1 % en 2020, superó el 40 % en 2024. Clínicas, laboratorios y farmacias vieron deteriorada la relación con Senasa, y los afiliados comenzaron a sufrir las consecuencias: largas demoras en citas, dificultades para conseguir medicamentos y un servicio cada vez más fragmentado.
Corrupción y contratos bajo sospecha
La crisis financiera ha coincidido con la revelación de prácticas fraudulentas. Lo que empezó como pesquisas preliminares se transformó en una investigación a fondo del Ministerio Público, encabezada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El presidente Luis Abinader, según fuentes cercanas, se sorprendió al conocer la magnitud de las irregularidades y ordenó no poner límites a la indagatoria, subrayando que, en su administración, la Justicia actúa con independencia.
Las denuncias apuntan a un «call center paralelo» que autorizaba procedimientos inexistentes y registraba compras de medicamentos que nunca llegaban a los pacientes.
También se cuestiona la ausencia de una supervisión adecuada a los servicios privados, el aumento de casi 600 empleados en la nómina en cuatro años y la apertura de oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico con un costo mensual elevado.
Todo ello alimentó la percepción de despilfarro, aunque se trata de una extensión del seguro a dominicanos no residentes para cuando visiten el país y el aumento de la población cubierta ha necesitado de más personal.
Cómo se cubre el déficit
El desbalance de 2024 fue financiado en parte con recursos del Presupuesto General y con reservas acumuladas de la institución. En abril de 2025 se dispuso un aumento en la tarifa per cápita del régimen subsidiado, que pasó de 259 a 321 pesos mensuales por afiliado, lo que mejoró los ingresos corrientes, aunque sin resolver del todo la brecha.
El 28 de agosto de 2025 el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó el uso de seis mil millones de pesos del fondo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) para cubrir parte del déficit. El traspaso se sustentó en un informe técnico actuarial y deberá ser supervisado por la Comisión de Presupuesto y Finanzas del CNSS.
El Poder Ejecutivo se ha comprometido a respaldar la institución y trabajar por su fortalecimiento. Este alivio llega en un contexto de mayor demanda de servicios, la falta de reaseguro por causas ajenas a Senasa, expansión hacia prestadores privados y la duplicación de la cobertura catastrófica, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo, que, desde 2022, pasó de un millón a dos millones de pesos por evento.
En julio del 2023, una huelga médica en reclamo de que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), incrementasen los honorarios y tarifas pagados por el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), motivó un éxodo de casi medio millón de afiliados hacia el sector público. Desde entonces, también las finanzas de las ARS privadas se han visto afectadas.
Reacción oficial y crisis de confianza
Desde el año pasado, el Gobierno dispuso la investigación del caso y correspondió a la Procuraduría profundizar las averiguaciones y descubrir nuevas pistas. En agosto de 2025 fue destituido el director Santiago Hazim y designado un especialista en gestión, Edward Guzmán Padilla, en su lugar, en un intento por recuperar transparencia y control.
El presidente ha sido tajante al advertir que quienes se beneficiaron de prácticas corruptas enfrentarán sanciones ejemplares. Organizaciones de la sociedad civil, por su parte, subrayan que la corrupción en salud implica una doble injusticia: roba recursos y agrava las condiciones de quienes dependen de esos servicios.
Cinco años después de la expansión histórica, Senasa enfrenta un dilema. Es la mayor conquista social en términos de acceso a la salud en República Dominicana, pero arrastra un déficit que amenaza con comprometer su sostenibilidad y denuncias que ponen en entredicho su credibilidad.
En palabras de un experto en seguridad social, «lo que comenzó como una respuesta urgente a la pandemia terminó convirtiéndose en el detonante de una crisis financiera y de confianza. Senasa es hoy un gigante indispensable, pero con pies de barro que requiere reformas profundas para sostenerse en el tiempo».
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