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Julio Cury, socio fundador de Inteligencia Legal, destaca la victoria para el debido proceso en el fallo de la alta corte
El conflicto judicial se originó por el intento de la Cámara de Cuentas de dejar sin efecto un acto mediante el cual el propio organismo había aprobado la contratación de los servicios profesionales de Inteligencia Legal.
La alta corte rechazó este segundo recurso en todas sus partes y reafirmó que, cuando la Administración procura afectar un acto favorable, se exige «especial rigor» en el respeto de la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso.
En este caso, la alta corte consideró jurídicamente correcta la conclusión del tribunal de envío de que la Cámara de Cuentas no estableció de manera suficiente y concreta cuáles eran las razones de contrariedad al derecho ni la lesión al interés público que justificaba impugnar el acto que había reconocido derechos a Inteligencia Legal.
De acuerdo con las Salas Reunidas, esa insuficiencia en la motivación impidió que la firma ejerciera plenamente su derecho de defensa, lo que vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica.
La sentencia también descartó que el tribunal de envío hubiera desnaturalizado los hechos, omitido pruebas o cometido errores de derecho. La SCJ concluyó que se realizó una correcta aplicación de la ley y, en consecuencia, rechazó el recurso interpuesto por la Cámara de Cuentas.
Inteligencia Legal valora decisión
El socio fundador de Inteligencia Legal, Julio Cury, valoró la sentencia y destacó sus implicaciones respecto a los derechos previamente reconocidos por las instituciones públicas.
«Después de cinco años, dos casaciones y un juicio de reenvío, quedó definitivamente establecido que una institución no puede desconocer derechos ya reconocidos sin ofrecer razones serias y verificables, un principio esencial del Estado de derecho. Tiene que explicar qué ilegalidad concreta existe y qué interés público ha sido efectivamente lesionado», afirmó Cury.
El abogado agregó que la Administración también está sometida al derecho cuando procura revisar sus propias actuaciones. «Es una victoria para el debido proceso, más allá del caso concreto», sostuvo.
Origen
El conflicto se remonta al 25 de marzo de 2021, cuando la Cámara de Cuentas aprobó contratar a Inteligencia Legal, SRL, por 4.5 millones de pesos más los impuestos correspondientes, para representarla en varias actuaciones relacionadas con el Ministerio Público.
Entre los servicios figuraban una instancia de resolución de peticiones, la respuesta a un recurso de oposición del Ministerio Público, una solicitud de nulidad de un allanamiento y de la orden que lo autorizó, así como otras acciones de carácter constitucional o legal que fueran consideradas pertinentes.
La misma decisión autorizó la contratación del abogado Francisco Franco Soto por 1.5 millones más impuestos, para representar a la institución en una acción de inconstitucionalidad por conflicto de competencia contra el Ministerio Público y la jueza de Instrucción Especial designada por la Suprema Corte de Justicia.
A través de la Sentencia núm. SCJ-SR-26-00319, las Salas Reunidas confirmaron la decisión de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que había desestimado la pretensión de la Cámara de Cuentas de anular, mediante una acción de lesividad, el acto que aprobó la contratación de los servicios profesionales de Inteligencia Legal.
La Cuarta Sala del TSA conoció el caso como tribunal de envío, tras ser apoderada por la Tercera Sala de la SCJ. En diciembre de 2024, rechazó el recurso de la Cámara de Cuentas, decisión que posteriormente fue recurrida nuevamente en casación.
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