La demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas solicita a un tribunal federal que emita una orden para impedir que varias disposiciones del Proyecto de Ley del Senado 4 (SB4) entren en vigor el próximo 15 de mayo.

La medida, una de las leyes antiinmigrantes más extremas jamás aprobadas por la legislatura de cualquier estado de Estados Unidos, fue aprobada en 2023, pero se mantenía en pausa, tras una demanda entablada por la ACLU en ese año.

Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones falló recientemente en contra de los demandantes asegurando que las organizaciones no tienen derecho procesal para presentar esta demanda.

• La norma tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular desde México.

Impedir que entren en vigor cuatro disposiciones

En concreto, la querella legal busca impedir que entren en vigor cuatro disposiciones: tipificar como delito el reingreso sin autorización al país de un extranjero, y el incumplimiento de la orden de un juez estatal relacionada con inmigración; otorgar a los magistrados estatales el poder para ordenar la deportación; y la exigencia de que los jueces de Texas continúen con el procesamiento judicial contra una persona aun cuando tenga un caso migratorio pendiente.

«El S.B. 4 transformaría a nuestra policía y a nuestros jueces en agentes de inmigración, amenazando a vecinos que tienen familias aquí, que han vivido aquí durante años e incluso a aquellos que poseen un estatus legal», declaró Adriana Piñón, directora legal de la ACLU de Texas en un comunicado.

La abogada advirtió que la aplicación de las leyes de inmigración es «exclusiva» del gobierno federal, y ningún estado ha reclamado jamás el poder que Texas amenaza con ejercer en este caso.

La ley SB4 entrará en vigor en un momento en el que el gobernador Greg Abbott ha presionado a las principales ciudades del estado – entre ellas Houston, Dallas y Austin – para que no limiten la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ante el rechazo de la ciudadanía a las políticas de «mano dura» del Gobierno Trump.