A las compañías dominicanas que venden sus productos a los Estados Unidos se les retuvo hasta 440.4 millones de dólares por una tasa arancelaria del 10 % desde abril hasta diciembre del 2025. Una cifra pequeña si se compara con los 166,000 millones de dólares que el Gobierno estadounidense se comprometió a devolver a los importadores luego de que la Corte Suprema anulara la orden de Trump de retenerlos bajo la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (IEEPA, siglas en inglés).

Sin embargo, la gestión de cualquier reclamación es algo que le corresponde hacer a cada empresa, aprovechando los mecanismos legales disponibles en ese país para asegurar la devolución, precisó aquí el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), razón por la cual este tema «aún no forma parte de las conversaciones entre los (dos) gobiernos».

«Las autoridades dominicanas no tienen incidencia en dichas decisiones, aunque reiteran su disposición de orientar a los exportadores que así lo requieran», matizó la institución.

De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, siglas en inglés) todo agente aduanero e importador registrado (IOR) debe presentar una declaración de entrada de sus productos hacia el país conocida como CAPE. Una vez aprobada, deberá esperar entre 60 y 90 días para recibir los fondos.

La advertencia

Al ser preguntado en la cadena CNBC sobre las grandes empresas estadounidenses que siguen sin presentar sus solicitudes de reembolso —entre ellas gigantes tecnológicos como Amazon y Apple— Trump afirmó que «sería una decisión brillante» si no lo hicieran.

«De hecho, si no lo hacen es porque me conocen muy bien… si no lo hacen, los recordaré», zanjó Trump.

Lejos de ser casuales, las declaraciones del mandatario buscan disuadir a las empresas de reclamar los gravámenes que les fueron cobrados a pesar de que el servicio de aduanas de los Estados Unidos ha facilitado las vías para devolverlos.

Trump sigue cobrando un arancel de hasta un 15 % mediante una orden ejecutiva sustentada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una medida que estará vigente por 150 días, por lo que deberá expirar el próximo 23 de julio, salvo que el Congreso la prorrogue.