Varios camiones cerrados subían los ajuares de algunas de las familias para llevarlos al lugar donde se mudarán los afectados, sin ningún costo ni distancia. En los espacios liberados se construirá una vía de servicio y espacio de siembra natural, creando una barrera entre la margen del río y el suelo urbanizable de los barrios.

Algunos de los propietarios de viviendas e inquilinos que han firmado el consentimiento para su traslado han logrado obtener algún dinerito para mudarse a otro lugar, muchas veces en terrenos del Estado, debido al poco monto que les dan por sus propiedades.

Pago de propiedades no satisface a desalojados

La gente denuncia que es muy poro el dinero que les están dando, que no les alcana para comprar ni un solar, pero que no se ponen al progreso del sector. Los propietarios de viviendas que las tienen alquiladas son los más afectados porque mientras a un inquilino le dan 700,000 pesos, al dueño ni 100,000 pesos.

Urbe ha agotado un proceso de diálogo y socialización con los moradores que alegan no cuentan con los recursos suficientes como para comprar o construir otra vivienda en otro lugar y permitir que el Gobierno construya las obras de rescate del río Ozama.

Dentro de los acuerdos que se ha llegado con algunos de los firmantes está el pago del justo precio de las propiedades, tomando en cuenta la tasación oficial que se hace. Otros no han querido firmar alegando que sus propiedades valen más que la tasación que hacen las autoridades.

En toda la parte norte del río Ozama se contempla desalojar alrededor de 400 familias que viven en zona de amortiguamiento y encima del Ozama para liberar esos espacios y construir obras que, además de servir a la comunidad permita contribuir con el saneamiento del Ozama e Isabela.