Si los ciudadanos, en sentido general, tienen la idea de que pueden ser introducidos cambios que afecten sus ingresos, o su propiedad, también perciben incertidumbre.

Hay diferentes factores que reducen la confiabilidad en el ambiente de negocios de República Dominicana. Uno de esos elementos es la tributación. Los impuestos son, para empresas y hogares, una amenaza persistente. Como una espada de Damocles que pende sobre los ciudadanos; y, por tanto, un sobresalto que los puede sorprender en algún momento.

La incertidumbre tributaria siempre está presente cuando no existe control del gasto y se mantienen déficits fiscales que incrementan el endeudamiento público. Los ciudadanos saben que los déficits y el endeudamiento continuarán a menos que exista la voluntad de una administración adecuada de los recursos que ellos mismos destinan al fisco en forma de impuestos.

En un ambiente de déficits y aumento del endeudamiento, al que se le agregan opiniones erróneas de que la manera de crecer la economía es por medio de mayor dispendio, queda claro en la mente de las personas cómo se intentaría seguir financiando el gasto público.

Prevalece la percepción de que en algún momento podrían ser revividas experiencias como las que se vienen sucediendo desde el año 2000 de creación de nuevas figuras impositivas o aumento de tasas de impuestos. Por vía de consecuencia, el régimen de incertidumbre aumenta.

Los mismos agentes económicos intuyen que esas llamadas «reformas» no se diseñan para cuadrar las cuentas del Gobierno. En términos técnicos, no se implementan para alcanzar una consolidación fiscal y reducir el endeudamiento. Como la intención expresa es aumentar el gasto público, los déficits continúan y, en consecuencia, el endeudamiento público.

Para agravar la situación, en las llamadas reformas tributarias prima la idea de contabilidad tributaria. Esto es que, al multiplicar la base existente por una tasa mayor, aumentarían las recaudaciones.

Las bases imponibles pueden ser las ventas de bienes y servicios, los salarios de las personas o los beneficios de las empresas. Pero estas no son constantes, cambian, y no se obtienen los resultados previstos porque la misma reforma altera esas bases tributarias.

Lo primero que se debe tomar en cuenta en economía es cómo reaccionan las personas a las políticas públicas. Son seres humanos los que ahorran, invierten, producen y consumen.

Las personas reaccionan ante los cambios impositivos. En consecuencia, ante menos ingresos disponibles, extraídos por los impuestos, se ven forzadas a ahorrar en menor proporción que antes. Los inversionistas, por su parte, también buscan cómo proteger sus inversiones y, en términos relativos, estas también tienden a ser menores.

Menos ahorros e inversiones no elevan los empleos formales. Todo lo contrario. Tampoco crece la productividad. El origen de la productividad proviene de inversiones.

¿Cuál alternativa existe? Abordar el dispendio en el gasto, y volver a una política tributaria basada en tasas de impuestos bajas y bases amplias. Al mismo tiempo, realizar una simplificación del sistema tributario, tanto en el número de gravámenes como en la complejidad de los procesos de cumplimiento.

Es decir, eliminar los impuestos más distorsionadores y de menor potencial de recaudación, y reducir el número de horas dedicadas al cumplimiento tributario.

Lo último facilitaría la labor de la administración tributaria, y permitiría que los emprendedores hagan lo que mejor saben hacer: producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de las personas y eleven el bienestar y los niveles de riqueza.

Volver a los principios del Código Tributario de 1992 sería la mejor alternativa para reducir el nivel de incertidumbre que en gran medida promueve las inversiones en regímenes especiales o de exenciones, que genera emprendimientos que tratan de recuperar el capital invertido en corto plazo y que, por tanto, no suelen contemplar el largo plazo para producir bienes de mayor valor.

Esta alternativa tributaria garantizaría mayor estabilidad, y niveles más altos de ingresos para la economía y para el Gobierno.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).