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El Defensor del Pueblo promueve la educación constitucional frente a la reforma penal
Hay leyes que transforman instituciones y hay leyes que, por la materia que regulan, terminan entrando silenciosamente en la vida de todos. El nuevo Código Penal pertenece a esta segunda categoría. Habla de violencia, integridad, propiedad, intimidad, fraude, corrupción, responsabilidad, seguridad digital y protección de las víctimas; pero también nos obliga a volver a preguntas más profundas: qué significa vivir bajo reglas comunes, dónde terminan nuestras libertades cuando comienzan los derechos de los demás y qué debe hacer el Estado para que una norma aprobada por sus instituciones pueda ser comprendida por la sociedad. Con esas preguntas llegamos a Dajabón para realizar la primera experiencia territorial de Código Penal para la Ciudadanía, y allí confirmé una convicción que he defendido durante estos años: una ley puede estar perfectamente escrita y, sin embargo, permanecer distante si las personas no encuentran la manera de relacionarla con su propia vida.
Dajabón tenía además un significado especial para iniciar esta ruta. Es un territorio donde el Estado, el comercio, la convivencia, la movilidad humana, las instituciones y la vida comunitaria se encuentran todos los días de una manera particularmente visible. Por eso no queríamos realizar una conferencia jurídica ni reproducir la distancia que muchas veces existe entre el lenguaje especializado y la ciudadanía. Diseñamos una metodología de pedagogía social que comienza en la Constitución y llega después al Código Penal. Primero hablamos de dignidad, derechos fundamentales, garantías y deberes; posteriormente trasladamos esos principios a situaciones concretas: qué ocurre cuando una persona es víctima de violencia, cuando alguien utiliza fraudulentamente una identidad, cuando se vulnera la intimidad, cuando existe una estafa, cuando se afecta el patrimonio de otra persona o cuando una organización puede quedar expuesta a responsabilidades derivadas de determinadas actuaciones. No se trataba de convertir a los ciudadanos en abogados, sino de ofrecerles elementos suficientes para reconocer una situación, prevenir un daño, formular una pregunta correcta y saber dónde buscar orientación.
La experiencia confirmó también algo que desde las instituciones públicas debemos aprender con mayor humildad: comunicar una ley no significa simplemente resumir sus artículos. Explicar requiere escuchar. La pedagogía pierde buena parte de su utilidad cuando el ciudadano ocupa únicamente el lugar de receptor. Por eso concebimos cada jornada como una conversación: facilitadores, contenidos visuales, situaciones de la vida cotidiana, preguntas abiertas, orientación y herramientas digitales que permitan continuar aprendiendo después del encuentro. Ese componente de escucha es fundamental porque las preguntas de las personas muestran dónde persisten las confusiones, qué asuntos generan mayor preocupación y cuáles contenidos requieren mejores explicaciones. De esa manera, el territorio no es solamente el lugar donde una institución lleva información; también es el espacio donde el Estado puede aprender cómo está siendo comprendida una política pública y qué debe hacer para servir mejor.
Hay además una razón constitucional que explica esta decisión. La Constitución dominicana coloca la dignidad humana en el centro del Estado social y democrático de derecho y reconoce derechos, garantías y deberes que deben tener expresión concreta en la actuación pública. El Código Penal no existe fuera de ese marco. Su aplicación debe convivir con el debido proceso, la presunción de inocencia, la protección de las víctimas, la igualdad ante la ley y los límites constitucionales al ejercicio del poder. Por eso Código Penal para la Ciudadanía no parte del castigo, sino de la ciudadanía. La sanción penal es importante, pero una sociedad no puede aspirar únicamente a castigar mejor; debe aspirar también a prevenir más, educar mejor y construir formas de convivencia capaces de disminuir el daño antes de que sea necesario acudir a un tribunal.
La iniciativa toma como referencia la guía oficial sobre el nuevo Código Penal elaborada por la Procuraduría General de la República y difundida por la Presidencia de la República, y la incorpora a una metodología territorial de orientación ciudadana desarrollada desde el Defensor del Pueblo. Esa precisión es importante porque en una democracia madura cada institución debe conocer el alcance de sus competencias. El Defensor del Pueblo no sustituye al Ministerio Público, a los jueces, a la defensa pública ni a ninguna autoridad responsable de aplicar la legislación penal. Nuestra responsabilidad es diferente: contribuir a proteger derechos, orientar, educar y acercar las instituciones a las personas. Y precisamente porque respetamos esas fronteras institucionales podemos construir puentes entre la norma jurídica y la ciudadanía sin confundir educación con persecución ni orientación con decisión judicial.
Dajabón fue, por tanto, algo más que la primera parada de un calendario. Fue una prueba de concepto. Nos permitió comprobar que es posible hablar de una materia jurídicamente compleja sin sacrificar rigor, pero también sin obligar al ciudadano a convertirse en especialista. Y nos confirmó que la conversación sobre el Código Penal puede abrir otra conversación todavía más importante: la de nuestros derechos y responsabilidades como miembros de una misma comunidad política. Cuando explicamos que la Constitución protege la dignidad, también debemos explicar que la ciudadanía impone deberes; cuando enseñamos los mecanismos para reclamar un derecho, debemos recordar el deber de respetar los derechos de los demás; cuando exigimos instituciones eficientes, también debemos construir ciudadanos dispuestos a participar, cuidar lo público y asumir responsabilidad por la convivencia.
He sostenido que un Estado que funciona no es solamente el que produce normas, presupuestos o instituciones, sino el que consigue que sus decisiones tengan sentido en la vida de la gente. A esa idea agregaría ahora una dimensión que Dajabón volvió a hacer evidente: un Estado que funciona también debe ser un Estado que aprende. Aprende cuando escucha las preguntas que no había previsto, cuando identifica los puntos donde su lenguaje no está llegando, cuando evalúa sus resultados y cuando tiene la capacidad de corregir su manera de relacionarse con la ciudadanía. La autoridad pública no pierde fortaleza cuando escucha; la gana. Y la ley no pierde solemnidad cuando se explica con sencillez; gana capacidad para cumplir su propósito.
Esta primera experiencia nos deja, por eso, una tarea que va más allá de llevar el Código Penal de provincia en provincia. Se trata de construir una cultura en la que conocer la Constitución, comprender las leyes, ejercer derechos y asumir deberes formen parte de la ciudadanía cotidiana. Queremos que la persona que participe en una jornada pueda regresar a su casa comprendiendo mejor qué protege la ley, qué conducta debe evitar, qué derecho puede exigir y qué responsabilidad le corresponde asumir. Si conseguimos eso, estaremos haciendo algo más importante que divulgar una reforma penal: estaremos transformando información jurídica en prevención, prevención en confianza y conocimiento en ciudadanía.
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