La exlegisladora de la provincia La Vega fue hallada culpable por la Segunda Sala Penal de la SCJ en mayo de 2024, instancia que conoció el caso debido a su jurisdicción privilegiada, la cual perdió en agosto de ese mismo año.

El Pleno de dicha alta corte celebró la única y última audiencia del recurso de casación el 6 de febrero de 2025.

Rosa Amalia fue acusada junto a su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), y a dos hijos de ambos: José Miguel López Pilarte, exregidor del PRM, y Miguel Arturo López Pilarte, por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La familia de la excongresista enfrentó un juicio en La Vega, en el cual se declaró extinguida la acción penal, decisión que fue apelada recientemente por el Ministerio Público.

«En buena lid ellos (el Pleno de la SCJ) deberían tan tarde como el día 6 de agosto emitir su fallo, sea confirmando la decisión, modificándola o decidiendo cualquier dirección», dijo a Diario Libre una fuente ligada a la investigación y que afirmó que el plazo de los seis meses lo establece la nueva Ley de Casación 2-23.

Expuso que la sentencia no tuvo voto disidente, es decir, que fue emitida a unanimidad por los cinco jueces de la Segunda Sala Penal de la SCJ, razón por la cual considera que será «poco probable» que el Pleno se aboque a modificarla o anularla.

Los jueces que emitieron la sentencia contra la exlegisladora de La Vega fueron Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto.

Si ratifican sería irrevocable

Si el Pleno de la SCJ ratifica la condena, sería una decisión «irrevocable» y obligaría a su ejecución, que es cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia Santiago, según la fuente.

Explica que, de variarse la sentencia o de ordenarse un nuevo juicio, se convertiría en un caso sin precedentes porque al Pilarte no poseer el fuero que le otorgaba la curul en el Congreso, el Pleno «debería» de mandar el expediente a otra sala de la Suprema que no estuvieran ninguno de los cinco jueces que conocieron el primer proceso «o enviarlo a la jurisdicción ordinaria«, lo que, dice, «no entiende viable ni posible».

Afirma que no tendría «sentido» enviarlo a la jurisdicción ordinaria, porque una instancia inferior tendrá que evaluar una decisión de jueces superiores.

Un trabajo publicado por Diario Libre, el 30 de mayo del 2024, saca a colación que, durante sus cuatro años de trabajo congresual, la diputada Rosa Amalia Pilarte «solo propuso un proyecto de ley, que nunca avanzó ni fue aprobado en la Cámara Baja«.

A la familia de la dirigente perremeísta se le imputa haber movilizado más de 8 mil millones de pesos en el sistema financiero dominicano, producto del narcotráfico.