Aunque el texto comparado aún no ha sido publicado oficialmente, la información divulgada por la comisión bicameral y el Poder Ejecutivo permite identificar cinco cambios de especial relevancia para el ejercicio del periodismo y el debate público.

El primero recae sobre el artículo 208, relativo al delito de difamación.

La versión originalmente aprobada mantenía una definición considerada demasiado amplia por diversos sectores, que advertían el riesgo de facilitar acciones penales contra expresiones vinculadas con asuntos de interés público. La modificación busca precisar los elementos que configuran el delito para reducir interpretaciones extensivas y ofrecer mayores garantías a quienes ejercen el derecho a informar y opinar.

Otro de los cambios importantes afecta el artículo 209, que tipifica la difamación extorsiva.

La redacción inicial generó inquietud porque podía interpretarse que alcanzaba investigaciones periodísticas o denuncias públicas. La reforma procura delimitar con mayor claridad la conducta sancionada, reservándola para los casos en que exista la intención de obtener un beneficio económico o cualquier otra ventaja mediante la amenaza de divulgar determinada información, diferenciándola del ejercicio legítimo del periodismo investigativo.

La modificación considerada de mayor trascendencia se encuentra en el artículo 211, referente a las causas de exclusión de responsabilidad.

Hasta ahora, las situaciones en las que determinadas expresiones no podían ser consideradas difamatorias resultaban limitadas. La nueva redacción amplía y precisa esas exclusiones con el propósito de fortalecer la protección de opiniones, críticas, denuncias y manifestaciones emitidas dentro del marco constitucional de la libertad de expresión. Se trata de una disposición particularmente relevante para periodistas, abogados, académicos y cualquier ciudadano que participe en debates de interés público.

Los diputados también revisaron el artículo 192, relativo a la difusión ilícita de contenido íntimo.

La formulación original suscitó preocupaciones porque podía alcanzar publicaciones de imágenes, videos o audios cuya divulgación respondiera a un evidente interés público. La modificación redefine el tipo penal para concentrarlo en la difusión no autorizada de contenido estrictamente íntimo o privado, procurando evitar que la norma interfiera con la divulgación de informaciones de relevancia periodística.

Otro ajuste significativo corresponde al artículo 310, que sanciona el ultraje en el ámbito jurisdiccional.

Diversos juristas habían advertido que su redacción podía convertirse en un mecanismo para perseguir penalmente expresiones críticas dirigidas contra jueces o funcionarios judiciales. La reforma restringe el alcance del tipo penal para impedir que sea utilizado como instrumento para limitar críticas legítimas al funcionamiento del sistema de justicia.

Lo que permanece

Las modificaciones no eliminan los delitos de difamación e injuria ni los trasladan exclusivamente al ámbito civil.

El Código Penal continúa considerando ambas conductas como infracciones penales. Lo que persiguen las reformas es delimitar con mayor precisión cuándo existe responsabilidad criminal y cuándo debe prevalecer el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, especialmente tratándose de asuntos de interés público.