Familiares de Luis Gustavo Grullón D´Aza, alias Nini, de 23 años, ultimado frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, denunciaron que habían advertido a la fiscalía que a su pariente intentaban matarlo para impedir su testimonio, pero este nunca recibió protección.

Con indignación, reclamaron que, mientras el acusado del caso contaba con custodia, el único testigo quedó expuesto hasta ser ultimado.

Para ellos resulta inconcebible que el ataque ocurriera justo frente al tribunal y que el agresor lograra escapar.

Cobertura limitada

Aunque la Procuraduría General de la República cuenta con una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, su cobertura es limitada.

La protección se activa solo cuando hay un riesgo comprobado, y no por el simple hecho de ser testigo. En la práctica, el sistema carece de presupuesto, personal e infraestructura para garantizar un resguardo permanente.

El director ejecutivo de la Asociación de Fiscales de la República Dominicana (Fiscaldom), Francisco Rodríguez, sostiene que la protección «existe solo en papel» y que los esfuerzos actuales dependen de la voluntad de cada fiscalía.

Según explicó, los testigos de homicidios, narcotráfico o corrupción solo reciben respaldo en casos de alto perfil o criminalidad organizada.

En esa línea, el abogado del Estado, José Alberto Ortiz, consideró que los mecanismos de protección para víctimas de delitos no alcanza siempre a los testigos, pese a que muchos de ellos resultan claves para sostener procesos penales.