La magnitud del incremento contrasta con la rapidez del trámite legislativo. La iniciativa fue conocida por el Senado el mismo día de su depósito, incorporada al orden del día a solicitud del senador Antonio Marte y aprobada de urgencia en dos lecturas consecutivas, sin el estudio previo de una comisión permanente. Días después, la Cámara de Diputados repitió el procedimiento al aprobarla también de urgencia, aunque introduciendo modificaciones que reducen parcialmente los montos originalmente aprobados por los senadores.

Con 118 votos favorables de los 146 legisladores presentes, los diputados dispusieron que las empresas con ingresos superiores a 2,500 millones de pesos aporten 2.2 millones de pesos anuales al sistema, en lugar de los tres millones aprobados inicialmente por el Senado para compañías con ingresos superiores a los 2,000 millones. También redefinieron las demás escalas contributivas: las empresas con ingresos entre 700 y 1,000 millones de pesos pagarían 750,000 pesos, mientras aquellas con ingresos entre 1,000 y 2,500 millones aportarían 1.7 millones.

Aun con esas reducciones, el incremento sigue siendo extraordinario. Empresas que hoy pagan un máximo de 675,000 pesos pasarían a realizar aportes varias veces superiores. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, estimó que algunas categorías experimentarían incrementos cercanos al 1,000 % respecto de las contribuciones actuales.

Preocupaciones

Más allá del monto de las tarifas, el procedimiento ha despertado preocupación entre diversos sectores empresariales por la ausencia de estudios técnicos públicos que expliquen la necesidad de un aumento de tal magnitud, así como por la falta de consultas formales con los sectores llamados a financiar el sistema.

La rapidez tampoco constituye un hecho aislado. La Ley 225-20 fue aprobada en 2020; cinco años después fue modificada mediante la Ley 98-25 y apenas seis meses más tarde vuelve a ser objeto de una reforma sustancial. Para la AIRD, esa sucesión de cambios refleja una preocupante ausencia de estabilidad regulatoria para las empresas obligadas a financiar el sistema de manejo de residuos.

Pero el verdadero centro del debate trasciende el aumento de las contribuciones. Los recursos no ingresan al presupuesto general del Estado ni son administrados directamente por el Ministerio de Medio Ambiente. Su destino es el Fideicomiso DO Sostenible, un fideicomiso público-privado administrado por Fiduciaria Reservas y dirigido por un consejo encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, con participación del Ministerio de Hacienda, la Federación Dominicana de Municipios, la Liga Municipal Dominicana, la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) y la propia AIRD.

Desde ese fideicomiso se financian estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización y otros proyectos vinculados con la gestión integral de residuos sólidos. La legislación también faculta a la entidad para contratar operadores privados encargados de prestar esos servicios y remunerarlos en función del volumen de residuos efectivamente manejado.

Es precisamente en esa estructura donde surgen algunas de las principales interrogantes de interés público: ¿Quiénes son esos operadores privados?, ¿Bajo qué procedimientos fueron seleccionados?, ¿Qué empresas administran cada relleno sanitario y cuánto recibe cada una por tonelada procesada?

Aunque el fideicomiso publica parte de su información institucional, esos contratos no aparecen sistematizados de manera fácilmente accesible para el escrutinio ciudadano, mientras el volumen de recursos que administraría crecería de manera significativa si la reforma culmina su trámite legislativo.

Más controles

Durante los últimos años, además, el propio fideicomiso reconoció la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre la información utilizada para calcular los pagos a los gestores privados. Con ese propósito suscribió un acuerdo con el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) destinado a verificar la calibración de las balanzas camioneras utilizadas para pesar los residuos. La medida busca incorporar una certificación independiente sobre el volumen de desechos procesados, un elemento esencial en un sistema donde la remuneración depende directamente del número de toneladas recibidas.

La necesidad de fortalecer los mecanismos de control no constituye el único aspecto que ha llamado la atención sobre el funcionamiento del fideicomiso. Los estados financieros interinos no auditados correspondientes al cierre de 2025, disponibles en el portal de la Superintendencia de Bancos, revelan que DO Sostenible mantiene litigios y demandas por unos 1,230 millones de pesos, originados —según el propio documento— «en el curso normal de sus operaciones». El fideicomiso sostiene que esos reclamos son «exagerados» y que, de acuerdo con la evaluación de sus asesores legales, el riesgo de pérdida no sería significativa. El informe, sin embargo, no ofrece detalles sobre la naturaleza de esos procesos judiciales ni sobre las partes involucradas.

El mismo documento refleja un deterioro importante del patrimonio fideicomitido. Al 31 de diciembre de 2025 este ascendía a 113 millones de pesos, frente a 1,382 millones registrados al inicio de 2024. Esa variación responde a una pérdida neta de 1,269 millones de pesos durante el período. Aunque los estados financieros consignan la información contable, por sí solos no permiten establecer las causas específicas de esa disminución patrimonial, un aspecto que adquiere mayor relevancia en la medida en que el fideicomiso podría pasar a administrar recursos considerablemente superiores a los actuales.

Los compromisos financieros del fideicomiso también aparecen descritos en esos estados. DO Sostenible paga a Fiduciaria Reservas una comisión anual por administración equivalente al 1.5 % de los activos fideicomitidos cuando estos son inferiores a 800 millones de pesos; del 1 % cuando oscilan entre 800 y 2,000 millones, y del 0.7 % cuando superan esa cifra, además del ITBIS correspondiente y de un pago mínimo mensual de tres millones de pesos más impuestos. Por ese concepto registró gastos de 44.5 millones de pesos en 2025 y 42.5 millones en 2024, mientras que para 2026 proyecta desembolsos cercanos a 48 millones de pesos.

A ello se suma una comisión adicional por gestión de tesorería equivalente al 15 % de la rentabilidad obtenida por las inversiones temporales de los fondos disponibles. En 2025 ese concepto representó otros 10.5 millones de pesos en gastos.

Ni residuos de transparencia

Si el manejo financiero plantea interrogantes, el nivel de transparencia de las contrataciones constituye otro de los principales focos de atención. A diferencia de otras entidades públicas y de varios fideicomisos estatales que publican regularmente sus procesos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), las contrataciones vinculadas con los gestores privados encargados del manejo de residuos no aparecen registradas en esa plataforma.

Una revisión del portal de transparencia de DO Sostenible permite localizar algunos procedimientos de comparación de precios, excepciones y compras menores, pero no una relación sistemática de las contrataciones mediante las cuales se seleccionan los operadores que administran rellenos sanitarios, estaciones de transferencia u otras infraestructuras financiadas con recursos del fideicomiso.

La contratación de mayor monto identificable corresponde a una licitación pública nacional adjudicada en marzo de 2026 para el alquiler de equipos pesados destinados a sitios de disposición final. El proceso fue distribuido entre seis empresas por un valor conjunto de 505.1 millones de pesos para un período de doce meses.

Consultada sobre esa situación, la Dirección General de Contrataciones Públicas confirmó a Diario Libre que DO Sostenible todavía no realiza sus transacciones a través del SECP. La institución informó, mediante su departamento de Comunicaciones, que el fideicomiso «se encuentra realizando las adecuaciones necesarias para hacerlo», en cumplimiento de la Ley 47-25.

En una nota de prensa difundida a finales del año pasado, DO Sostenible informó que había aumentado de dos a siete el número de gestores privados entre 2021 y 2025. Durante ese período se gestionó la disposición de más de 1.6 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, la información pública disponible no permite identificar de manera consolidada cuáles empresas integran esa red, cuáles instalaciones opera cada una, bajo qué modalidad fueron seleccionadas ni cuánto perciben por tonelada procesada.

El director ejecutivo del fideicomiso, Príamo Ramírez Ubiera, fue designado en agosto de 2024 por el entonces recién nombrado ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, quien previamente había dirigido el propio fideicomiso antes de asumir el ministerio. La sucesión ocurrió dentro de la estructura institucional prevista para la entidad, aunque la creciente magnitud de los recursos que podría administrar vuelve especialmente relevante el escrutinio público sobre su gobernanza y sus mecanismos de control.

La AIRD sostuvo que la reforma fue tramitada sin estudios técnicos que justificaran las nuevas cargas y advirtió que la legislación vigente ya contempla mecanismos de financiamiento para los gobiernos locales. El sector construcción alertó sobre el riesgo de trasladar esos costos al precio de las viviendas, mientras representantes del turismo cuestionaron que las contribuciones se calculen sobre los ingresos brutos de las empresas y no sobre la cantidad efectiva de residuos generados.

Más allá del debate sobre la conveniencia de aumentar los recursos para enfrentar la crisis de los residuos sólidos, el proceso deja abiertas preguntas de interés público que siguen sin respuesta: ¿cuál es la justificación técnica para triplicar las contribuciones?, ¿cómo se estimó que los ingresos del fideicomiso ascenderían hasta alrededor de 9,000 millones de pesos?, ¿qué criterios rigen la contratación y remuneración de los gestores privados?, ¿cuándo estarán disponibles todos esos procesos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas?, ¿y qué mecanismos de fiscalización garantizarán que un incremento de recursos de esa magnitud vaya acompañado por estándares equivalentes de transparencia y rendición de cuentas?