El primer proyecto fue propuesto por el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien busca posponer la aplicación del Código otros seis meses, argumentando que el plazo de un año otorgado tras su promulgación resulta «insuficiente» para introducir las correcciones necesarias antes de que la norma comience a aplicarse.

Práctica conocida

El diputado sostuvo que no será la primera vez que el Congreso extienda la vacatio legis de una legislación de gran impacto y como ejemplo citó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el año 2002 y la Ley General de Sociedades Comerciales, cuyos períodos de adaptación también fueron ampliados antes de que estas comenzaran a aplicarse.

A su juicio, el tiempo adicional permitirá no solo que la ciudadanía conozca mejor la nueva legislación, sino también que el Congreso pueda corregir los aspectos que diversos sectores consideran problemáticos.

El otro proyecto que se mueve en el Congreso fue depositado por el senador Edward Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo, y también busca extender la aplicación del Código Penal en seis meses más.

La iniciativa, según expresa en sus argumentos, tiene como finalidad disponer de un período adicional que permita desarrollar un amplio proceso de revisión técnica, acompañado de un diálogo con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, académicos, universidades y demás sectores vinculados al sistema de justicia, con el propósito de fortalecer el contenido de la legislación antes de su implementación definitiva.

Además, el senador alega que la propuesta legislativa parte del criterio de que una reforma penal de esa magnitud debe entrar en vigencia luego de un proceso de armonización con el resto del ordenamiento jurídico nacional, especialmente con el Código Procesal Penal y las leyes especiales relacionadas con el sistema de justicia penal.

Entrada en vigencia

La entrada en vigencia del nuevo Código Penal está prevista para el próximo 6 de agosto.

Su contenido ha recibido múltiples críticas, en esencia por artículos relacionados con la libertad de expresión, la difamación y el desacato.