Entre los apresados, 170 fueron extraditados y 72 deportados hasta septiembre del 2025, según cifras presentadas por el presidente Luis Abinader en esa fecha.

Las cifras oficiales presentan diferencias entre las memorias institucionales de la DNCD y las estadísticas publicadas por esa institución para algunos períodos, sin que en los documentos revisados se identifique una explicación metodológica sobre esas variaciones.

Uso del dinero

Tras la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), la Procuraduría General de la República (PGR) transfirió a esa entidad los 2,655.5 millones de pesos que tenía en su haber en noviembre del 2025 y el uso de ese dinero es ahora motivo de controversia.

El 10 % de los recursos (265.5 millones de pesos) quedó destinado a la operatividad del Incabide y el restante 90 % (2,389.9 millones) fue transferido al Estado a través de la Cuenta Única del Tesoro.

Desde el año 1975, la Ley 168 dispuso que parte de los valores obtenidos en operativos antidrogas se distribuyera entre entidades que se dediquen a la rehabilitación de drogadictos, pero el Gobierno se ha resistido a hacerlo y esta obligación terminó cambiándose por una mera sugerencia.

«Eso nunca se aplicó, porque el primer presidente del Consejo (Nacional de Drogas) nos decía que eso era mucho dinero y el presidente Joaquín Balaguer no lo iba a dar», señala Juan Radamés de la Rosa Hidalgo, cuya fundación Casa Abierta se dedica a la prevención y tratamiento de las adicciones desde el 1974.

En 1988 se aprobó la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, la cual prescribía que los recursos debían destinarse a «financiar las actividades de las instituciones públicas y privadas legalmente establecidas para desarrollar e implementar programas de prevención, rehabilitación y educación, contra el uso, abuso, consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas».

La Ley de Lavado de Activos (72-02) del año 2002 estableció un porcentaje específico del 15 % para esas organizaciones, un 50 % para la DNCD y 35 % para la Consejo Nacional de Drogas (CND).

Esta asignación se cumplió hasta que fue eliminada por los legisladores en la Ley 60-23, donde se planteó como una posibilidad: «El Gobierno central podrá utilizar los fondos para apoyar, fortalecer, financiar, desarrollar o ejecutar programas de prevención o tratamiento en consumo de drogas (artículo 82)».

También se incluyeron en ese apartado iniciativas para la reducción de la pobreza, reinserción de condenados o infractores legales, protección o apoyo de menores, prevención, persecución, investigación o control del ilícito penal, protección o apoyo de grupos vulnerables, apoyo y protección de víctimas de infracciones penales, protección de fronteras, así como el mejoramiento de condiciones de vida en las áreas de salud, seguridad, transporte, educación o vivienda.

Una novedad fue que se conminó al Ministerio de Hacienda y Economía a publicar cada seis meses un informe con el uso detallado de los fondos recibidos. También se debe medir el impacto generado por los proyectos financiados con recursos retirados a la criminalidad.

Varias organizaciones dedicadas a la prevención y tratamiento de adicciones, incluyendo a Casa Abierta, denunciaron recientemente que los recursos provenientes de bienes incautados históricamente no han llegado conforme a los porcentajes previstos en la legislación y reclamaron que Hacienda detalle cuánto dinero recibe, cómo lo distribuye y cuáles instituciones han resultado beneficiadas.