El pasado 29 de abril, el Poder Ejecutivo emitió el Reglamento de Aplicación de la Ley 1-26, Orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mediante el cual se regula el Sistema Nacional de Inteligencia. A través del decreto 291-26, el Gobierno estableció los parámetros, procedimientos, competencias y mecanismos de control para las operaciones de este organismo.

De acuerdo con la norma, la DNI estará integrada por personal propio, de naturaleza civil, y por miembros adscritos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en calidad de asignados.

Según el artículo 23, estas instituciones estarán obligadas a «garantizar la confidencialidad de sus respectivas nóminas respecto de los agentes que prestan servicios» en el organismo.