La audiencia comenzó poco después de las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó minutos antes de las 3:00 de la madrugada de  ayer, martes 16 de junio. Al finalizar, el tribunal impuso condenas de hasta 20 años de prisión, ordenó una indemnización civil récord de 5,000 millones de pesos a favor del Estado y dispuso el decomiso de 422 bienes vinculados a la red de corrupción desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

La sentencia fue dictada por las juezas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, presidenta del tribunal, que estuvo integrado por las magistradas Tania Yunes Sánchez y Jissel Naranjo Tejada.

Los condenados

Los principales condenados fueron el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general Julio Camilo de los Santos Viola, exsubdirector de esa institución; el general Juan Carlos Torres Robiou, y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Los tres recibieron penas de 20 años de reclusión mayor.

Junto a ellos fueron condenadas otras 18 personas, entre militares, policías y civiles, con penas que oscilan entre tres y quince años de prisión. Siete imputados resultaron absueltos por insuficiencia de pruebas.

Recursos sustraídos

De acuerdo con la acusación acogida por el tribunal, la estructura operó entre 2012 y 2020 y utilizó el Cusep, el Cestur y se intentó pasar el mismo entramado el Consejo Nacional de Niños Niñas y Adolescentes (Conani) para desviar recursos públicos destinados a combustibles, alimentación, inteligencia, operaciones especiales y nóminas.

El esquema incluía la creación de nóminas irregulares, el uso de personal que recibía solo una parte de los salarios asignados y la apropiación de fondos destinados al funcionamiento de organismos de seguridad. Durante los allanamientos fueron ocupados 38 sellos gomígrafos falsificados pertenecientes a distintas dependencias militares y administrativas, utilizados presuntamente para legitimar documentos y encubrir movimientos financieros.

Bienes construidos con fondos públicos

La sentencia ordena el decomiso de 422 bienes muebles e inmuebles considerados producto de las actividades ilícitas.

Entre ellos figuran más de 80 propiedades inmobiliarias, incluyendo apartamentos en torres residenciales de lujo, terrenos agrícolas en varias provincias, edificios destinados al alquiler, una nave industrial y una plaza comercial de cuatro niveles con 44 locales ubicada en la autopista Duarte.

El patrimonio confiscado también incluye unidades productivas agropecuarias de gran escala. Entre ellas sobresalen dos granjas avícolas, una con alrededor de 21,000 gallinas ponedoras; la Hacienda Kelman, con más de 1,200 cabezas de ganado menor entre cerdos, chivos y ovejos; así como extensas fincas dedicadas al cultivo de piña, cacao, cítricos y otros productos agrícolas.

La flota decomisada supera los 120 vehículos, entre ellos automóviles Tesla, Mercedes-Benz, BMW y Chevrolet Camaro, además de decenas de camiones de carga pesada, vehículos cisterna, autobuses, remolques, montacargas y equipos de construcción.

Asimismo, fueron confiscadas más de 25 armas de fuego, cientos de municiones, equipos tácticos, dinero en efectivo, cuentas bancarias y otros activos financieros.

Otros  sentenciados

Entre los otros condenados por el tribunal, se encuentran el coronel Rafael Núñez de Aza, también a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos de multa; la pastora Rossy Guzmán, a 15 años de prisión, la que deberá pagar 400 salarios mínimos de multas; la exempleada del Banreservas Esmeralda Ortega Polanco, a quien se dictó 10 años de prisión y 400 salarios mínimos, y el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, quien fue el testigo clave del Ministerio Público en el caso, fue condenado a cinco años de pena cumplida.